Cantabria ha remitido, en representación de todas las comunidades autónomas que participaron en la reunión sobre la gestión del lobo celebrada el pasado 30 de enero en Santander, una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall. En dicha misiva se incorpora el informe de conservación “favorable” del lobo en España, después de que el Gobierno central se haya negado a trasladar esta documentación dentro del plazo fijado por la normativa comunitaria.
El envío de este informe, referido al periodo 2018-2024, resulta determinante para seguir avanzando en la puesta en marcha de la modificación del régimen europeo de protección de esta especie.
La carta, cursada por la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y rubricada también por los responsables de País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León, se acompaña de una certificación del informe sexenal sobre el estado de conservación del cánido en España. En este contexto, la pasada primavera se redujo su grado de protección al salir del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
El documento procede del Comité de Flora y Fauna Silvestres, un órgano colegiado integrado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en el que participa el propio Gobierno de España.
En la carta dirigida a Roswall, que además ostenta las carteras de Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva en la Comisión Europea, las comunidades firmantes recalcan que el Ejecutivo central ha rechazado remitir el informe sexenal del lobo, “incumpliendo sus obligaciones con la Comisión Europea y con la legislación nacional” (en concreto, el artículo 17 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE).
Durante el encuentro celebrado en la capital cántabra a finales del mes pasado, las autonomías asistentes denunciaron la “rebeldía” del Gobierno de Pedro Sánchez y aprobaron un comunicado, respaldado además por Andalucía, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares y Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se ha adjuntado igualmente a la carta.
Tal y como expusieron en el foro de Santander y en el texto que acompaña la misiva, el Gobierno central está obligado a informar cada seis años a la Comisión Europea sobre el estado de conservación en España de las especies silvestres protegidas por la directiva, entre ellas el lobo. En esta ocasión, debía haber remitido antes del 31 de julio de 2025 la situación correspondiente al periodo 2019-2024.
De este modo, la comunicación y la documentación enviadas a la comisaria europea se producen ante la “negativa reiterada” de la Administración General del Estado a cumplir con el envío del informe sexenal dentro del plazo previsto.
Las comunidades autónomas señalan diversas actuaciones del Gobierno de España encaminadas a evitar la remisión del informe, como la desconvocatoria “si motivo justificado” de una conferencia sectorial programada el pasado mes de julio y vinculada a este trámite, así como la ausencia de una nueva convocatoria.
“La posición del Gobierno es impedir que se haga efectiva la modificación de la Directiva Europea sobre el régimen de protección del lobo, que flexibiliza su estatus jurídico y permite a las comunidades autónomas gestionar la especie en todo el territorio nacional”, sostienen las autonomías que han escrito a la comisaria europea. Recuerdan, además, que esta posibilidad fue refrendada por el Congreso de los Diputados al incorporar a la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario la enmienda que en abril sacó al lobo del LESPRE, en el que figuraba desde septiembre de 2021.
Con esta decisión se redujo el nivel de protección del lobo y volvió a considerarse especie cinegética, lo que permitió a Cantabria reactivar su plan de gestión del cánido y fijar un cupo de 41 extracciones para la temporada en curso.