La Consejería de Pesca del Gobierno de Cantabria ha rechazado la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de incorporar la anguila europea (Anguilla anguilla) al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas dentro de la categoría "en peligro de extinción", una decisión que, de salir adelante, implicaría la prohibición absoluta de su captura.
En consecuencia, la Dirección General de Montes y Biodiversidad, que actúa como representante de Cantabria en el Comité Nacional de Flora y Fauna, tiene previsto votar en contra de esta propuesta en la reunión fijada para el próximo 17 de febrero, según ha señalado este lunes el Ejecutivo autonómico.
La Consejería sostiene que "la conservación de la biodiversidad debe basarse en criterios científicos, en la evaluación de resultados reales y en la colaboración con los territorios que han demostrado una gestión eficaz, y no en decisiones centralizadas que ignoren la realidad territorial y los esfuerzos realizados durante años" y añade que "no se puede proteger una especie penalizando precisamente a las comunidades que han aplicado modelos de gestión rigurosos, con control del esfuerzo pesquero, seguimiento científico y resultados contrastados, y demonizar un modelo que funciona".
El departamento autonómico recuerda que regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña han puesto en marcha desde hace más de diez años planes de gestión específicos para la anguila, centrados en limitar el esfuerzo pesquero y combatir el furtivismo, lo que ha permitido preservar una actividad tradicional dentro de márgenes de sostenibilidad, con indicadores de evolución favorables, según destaca el Gobierno.
En el caso concreto de Cantabria, en los últimos ejercicios se han aplicado medidas como el veto a la pesca recreativa, la reducción del esfuerzo pesquero autorizado, periodos de veda, cupos regulados de pescadores, delimitación de zonas de reserva, actuaciones de repoblación y un riguroso sistema de control y seguimiento científico. "Todo ello ha permitido compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de una actividad tradicional de gran relevancia socioeconómica a nivel local", ha defendido la Administración regional.
La anguila europea se considera una especie panmíctica, es decir, toda su población se entiende como una única unidad biológica. Por este motivo, la Dirección General insiste en que su recuperación "solo será posible mediante una acción coordinada en todos los países de su área de distribución, tal y como recogen las recomendaciones de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias (CMS)".
Crítica a las decisiones unilaterales del Estado
En esta línea, la Consejería califica de "inaceptable" promover una catalogación estatal con el máximo nivel de protección sin analizar de forma objetiva y diferenciada los resultados de los planes autonómicos de gestión ya en marcha, y considera que va en "contradicción" con el marco normativo comunitario vigente. A su juicio, "la protección de la anguila no puede convertirse en una coartada para imponer prohibiciones generalizadas que no distinguen entre territorios ni reconocen el trabajo bien hecho".
Asimismo, advierte de que resulta "especialmente preocupante" que una medida con un efecto "tan directo" sobre el sector pesquero "esté siendo promovida sin que se haya conocido hasta la fecha una posición clara del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación", lo que, según remarca, "esta falta de coordinación genera incertidumbre en el sector y pone de manifiesto la necesidad de garantizar la coherencia de la acción del Gobierno".
Por ello, la Consejería de Pesca defiende que la recuperación de la anguila europea se oriente "prioritariamente" a intensificar la lucha contra el furtivismo y el tráfico ilegal internacional, que considera en la actualidad las "principales amenazas" para la especie, en lugar de centrarse únicamente en restringir actividades legales, reguladas y sometidas a control científico.
Del mismo modo, ve "imprescindible" avanzar en la restauración de los cauces fluviales, la retirada de barreras y obstáculos a la migración, como presas, saltos y centrales hidroeléctricas, y garantizar que cualquier decisión futura se apoye en análisis científicos diferenciados por cuencas hidrográficas, evitando disposiciones generalistas que no se ajusten a la realidad biológica de cada territorio.
La Consejería subraya también la importancia de valorar de antemano el impacto socioeconómico de cualquier restricción sobre las comunidades locales que dependen de esta pesca tradicional, y rechaza la imposición de moratorias aplicables solo en España cuando se trata de una especie regulada a escala comunitaria y que no afronta las mismas limitaciones en países vecinos.
Finalmente, el Gobierno de Cantabria reitera su compromiso con la protección y recuperación de la anguila europea, pero aboga por un enfoque sustentado en "la evidencia científica, la coordinación internacional y el reconocimiento del trabajo realizado por los territorios y el sector pesquero, que han demostrado capacidad de gestión sostenible".