La Consejería de Pesca de Cantabria ha comunicado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el “malestar” manifestado por la flota pesquera de la comunidad tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de las recientes disposiciones que modifican el reglamento europeo de control.
En particular, la consejera María Jesús Susinos ha trasladado al Ministerio la inquietud del sector por dos de las obligaciones incorporadas en la nueva normativa: la necesidad de avisar de la entrada a puerto con una antelación de hasta cuatro horas y la obligación de declarar desde el kilo cero todas las especies capturadas.
El Ejecutivo cántabro se alinea con las reivindicaciones de la flota y respalda los cambios planteados por el propio sector, al entender que la aplicación actual del reglamento puede acarrear efectos negativos no solo para los marineros, sino también para toda la cadena productiva, desde el comprador de pescado fresco hasta la industria conservera.
Además, según ha señalado el Gobierno regional, la Consejería subraya que estas nuevas obligaciones incrementan la carga burocrática, generan “inseguridad operativa” y elevan los costes, en especial por el mayor consumo de gasoil, ya que los barcos se ven forzados a permanecer varias horas parados con el motor encendido antes de poder acceder al puerto.
Susinos espera que las reuniones previstas en los próximos días a nivel estatal permitan alcanzar un resultado “menos restrictivo” que el actual, adaptado a la “realidad” del sector pesquero y que asegure “un equilibrio entre el control de la actividad y la viabilidad económica de la flota”.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Cantabria pretende dejar claro públicamente su respaldo al sector pesquero cántabro y su compromiso de continuar defendiendo sus intereses ante las administraciones competentes.