La Consejería de Pesca de Cantabria ha comunicado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el “malestar” manifestado por la flota pesquera de la comunidad tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de las recientes disposiciones que modifican el reglamento europeo de control de la actividad pesquera.
En particular, la consejera María Jesús Susinos ha trasladado al Ministerio la inquietud del sector ante dos de las nuevas obligaciones incluidas en la normativa: la comunicación de la llegada a puerto con un aviso previo de hasta cuatro horas y la obligación de declarar desde el kilo cero todas las especies capturadas.
El Gobierno de Cantabria respalda la postura de la flota y asume como propias las propuestas de modificación planteadas por el propio sector, al entender que la aplicación actual del reglamento puede generar efectos adversos no solo para los pescadores, sino también para el conjunto de la cadena productiva, entre la que se encuentran el sector comprador de pescado fresco y la industria conservera.
Además, según ha señalado el Ejecutivo autonómico, la Consejería subraya que estas nuevas obligaciones implican un aumento de la carga burocrática, provocan “inseguridad operativa” y suponen un encarecimiento de los costes, en especial por el mayor consumo de gasoil al tener que permanecer los buques varias horas parados con el motor en marcha antes de poder entrar a puerto.
Susinos espera que las reuniones previstas en los próximos días a nivel estatal permitan lograr un resultado “menos restrictivo” que el actualmente vigente, adaptado a la “realidad” del sector pesquero y que asegure “un equilibrio entre el control de la actividad y la viabilidad económica de la flota”.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Cantabria pretende dejar claro públicamente su respaldo al sector pesquero cántabro y reafirmar su compromiso de seguir defendiendo sus intereses ante las administraciones con competencias en la materia.