La consejera de Pesca del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha celebrado un encuentro con representantes del sector para examinar en detalle el acuerdo cerrado recientemente en el Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas sobre las cuotas para 2026, un pacto que consideran “injusto” y que, a su juicio, genera una situación “gravísima”.
En la reunión, en la que han participado representantes de la flota de bajura, altura, artes menores y artes fijas de la Federación de Cofradías de Pescadores, Susinos ha calificado el pacto comunitario de “desproporcionado y completamente desequilibrado para nuestra flota”, al imponer a los pescadores europeos “asumir una reducción del 70% mientras países extracomunitarios como Noruega, Reino Unido, Islas Feroe e Islandia apenas han reducido sus posibilidades de pesca en torno al 48%”.
La responsable regional ha alertado de que estas decisiones implican “un grave daño económico, social y estructural para la flota pesquera de Cantabria, que se puede considerar, sin duda alguna, catastrófico si no se adoptan medidas urgentes”.
Según ha detallado, el impacto económico será de “enorme calado”, dado que la flota de arrastre contará en 2026 con 494.000 kilos menos de caballa, lo que se traducirá en una merma de ingresos cercana al millón de euros, y perderá además 1.182.000 kilos de bacaladilla, con una caída de facturación que superará los cuatro millones de euros. “Solo la flota de arrastre sufrirá pérdidas superiores a los cinco millones de euros”, ha señalado.
Asimismo, ha precisado que “la flota de artes menores y fijas, junto con la flota de cerco, reducirá sus capturas en alrededor de 3,2 millones de kilos, lo que supondrá pérdidas adicionales cercanas a los 6,4 millones de euros”.
“Hablamos de cifras devastadoras que ponen en riesgo la viabilidad de empresas, empleos, familias y de todo el tejido socioeconómico de nuestras zonas costeras”, ha remarcado la consejera.
Susinos ha querido resaltar igualmente la “fortaleza y unidad” del sector en este contexto “crítico”. Ha insistido en que “es importante destacar que todos los segmentos del sector pesquero cántabro, desde la bajura hasta la altura, pasando por artes menores y fijas, están unidos sin fisuras” y cuentan con el respaldo “total” de la Consejería de Pesca. “Todos vamos a una porque está en juego el futuro de nuestra pesca y de Cantabria”, ha manifestado.
Reclaman la anulación del acuerdo y ayudas al sector
En representación del Ejecutivo autonómico, la consejera ha trasladado las reivindicaciones consensuadas con la Federación de Cofradías, la Asociación de Pesca Artesanal de Cantabria (APECAC) y la Organización de Productores de Pesca de Altura de Cantabria (OPECA). Entre ellas figura la exigencia de anular el acuerdo y, como mínimo, mantener los TAC y cuotas vigentes en 2025.
Del mismo modo, todas las organizaciones coinciden en reclamar que la Comisión Europea actúe con mayor contundencia y obligue a los países extracomunitarios que llevan años sin seguir las recomendaciones científicas y generando sobrepesca a asumir su parte de responsabilidad y compensar la reducción que ahora se impone a los buques europeos.
Por otro lado, Susinos ha avanzado que Cantabria ha solicitado al Ministerio la puesta en marcha de ayudas económicas para la parada temporal de la flota, cofinanciadas por el FEMPA, así como apoyos para paradas definitivas cuando resulten necesarias, con el fin de compensar no solo las pérdidas directas, sino también el lucro cesante que “ya están soportando nuestros pescadores”, tal y como se expone en la carta remitida a Luis Planas la semana pasada.
Finalmente, la consejera ha reiterado que el Gobierno de Cantabria continuará defendiendo “con determinación, firmeza y unidad” los intereses del sector pesquero de la comunidad. “No vamos a permitir que nuestras cofradías, nuestros pescadores y nuestras familias del mar paguen las consecuencias de decisiones injustas y desequilibradas. Cantabria está unida, el sector está unido y vamos a seguir luchando para garantizar su futuro”, ha concluido.
En términos similares se ha pronunciado el propio sector pesquero al término de la reunión, en la que también ha participado el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, subrayando de nuevo la situación “gravísima” a la que se enfrentan y el severo impacto económico que tendrá sobre los trabajadores y sus familias.