El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizan, ha defendido este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha los acuerdos entre la Unión Europea y Mercosur, que considera como una oportunidad de crecimiento que “favorecerá” a la región tras la supresión de aranceles y la aplicación de cláusulas de salvaguardia, frente a la oposición de PP y Vox, que han exigido la “suspensión inmediata” de los acuerdos, al apuntar que perjudicarán gravemente la integridad del sector agropecuario con la “competencia desleal” de modelos agrarios que no cumplen con las “férreas” normativas europeas.
Durante el pleno, Martínez Lizan ha defendido que la eliminación de aranceles y la liberalización del comercio entre ambos bloques generará nuevas oportunidades para los productos de calidad castellanomanchegos, apoyándose, entre otros elementos, en la cláusula de salvaguardia que permite detener el tránsito cuando se detecte una distorsión del 5% en los mercados.
Tras admitir que el impacto del acuerdo forma parte de su agenda de trabajo y subrayar que será imprescindible exigir el cumplimiento de las cláusulas espejo, ha remarcado que productos emblemáticos de Castilla-La Mancha como el vino, el aceite o el queso se verán beneficiados por la rebaja de aranceles y por una protección específica de las denominaciones de origen en el caso del Queso Manchego.
A su entender, la oposición únicamente está transmitiendo “miedo” para obtener rendimiento político, sin haber analizado en profundidad el contenido de un acuerdo “que ha sido negociado durante 25 años”.
Para Martínez Lizan, la distinta estacionalidad de las producciones entre continentes situados en hemisferios opuestos reducirá la presión competitiva en los mercados, mientras que el propio texto del pacto fija un control más exhaustivo sobre las importaciones de ternera o arroz, que, en cualquier caso, considera que no se verán seriamente afectadas por la “gran calidad” del producto nacional.
El responsable de Agricultura ha subrayado igualmente que el acuerdo cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones de productores y de empresas, y ha precisado que la llegada de mercancías desde estos países seguirá sujeta a múltiples controles, incluidos los relativos a los límites máximos de residuos.
“¿De verdad creen que nos vamos a envenenar simplemente por la entrada de productos que, no olvidemos, están llegando a nuestras tiendas de toda la vida y además en contextos con menos regulación?”, se ha preguntado, manteniendo una visión optimista sobre los acuerdos con Mercosur, aunque ha insistido en que el Ejecutivo autonómico continuará reclamando, como hasta ahora, que se apliquen las cláusulas espejo para evitar perjuicios a los productos castellanomanchegos.
PP: “una condena a competir en desigualdad”
De su lado, el parlamentario ‘popular’ Santiago Lucas-Torres ha exigido la “suspensión inmediata” del acuerdo porque “supone una amenaza directa para la supervivencia del campo castellanomanchego y europeo”. “No se puede avanzar en ningún acuerdo comercial mientras los agricultores y ganaderos europeos producen con las normas más exigentes del mundo y se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen esas mismas reglas, ya que eso no es comercio justo, es una condena al campo”, ha dicho durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales.
Ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas que incorporen de forma “inmediata, expresa y vinculante” todas las demandas del sector agrario, “mediante cláusulas espejo reales, controlables y ejecutables”, dado que el efecto del pacto “se concentra especialmente en el sector agroalimentario, afectando de lleno a la agricultura extensiva, la ganadería, los cereales, la horticultura y el tejido cooperativo e industrial asociado”.
A su juicio, los países de Mercosur “producen con fitosanitarios prohibidos en la UE, estándares medioambientales más laxos, menores costes laborales, controles sanitarios no equiparables y prácticas prohibidas en Europa, lo que genera una competencia desleal inaceptable”, y ha alertado de que esta brecha es aún mayor en el sector ganadero.
Vox: “un golpe al corazón de C-LM”
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, David Moreno, ha defendido la Proposición No de Ley registrada por su grupo, que define el acuerdo con Mercosur como “un asunto de máxima gravedad para la región”, y ha reiterado su rechazo “total, frontal y sin complejos” a un pacto que “supone un golpe directo al corazón económico y social de Castilla-La Mancha”.
David Moreno ha denunciado que este tratado de libre comercio “vende al campo español como moneda de cambio de los burócratas de Bruselas” y supone una “traición directa a sus trabajadores”. “El resultado será más pueblos vacíos, más explotaciones cerradas y más abandono rural”, ha advertido, recalcando que “no se trata de un debate ideológico, sino de una decisión que afecta a más de 82.000 explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha, a más de 70.000 empleos directos de un sector que representa cerca del 18% del PIB regional”.
En este contexto, Moreno ha señalado al “bipartidismo” de PSOE y PP, a los que ha acusado de haber impulsado este acuerdo durante más de 25 años “a espaldas de los europeos, del mismo modo que han pactado a puerta cerrada el aumento de diputados o las paguitas VIP en Castilla-La Mancha”.
PSOE subraya las contradicciones de Vox y PP
El diputado socialista Antonio Sánchez ha puesto de relieve la “contradicción” de que Vox rechace un acuerdo rubricado por Meloni en Italia y respaldado por dirigentes del Partido Popular en el Parlamento Europeo.
Para el parlamentario socialista, el entendimiento con Mercosur abre el acceso a un mercado de 270 millones de consumidores y a nuevas oportunidades comerciales “gracias a la excelente calidad de los productos castellanomanchegos, que se podrán vender con menos barreras”, sin obviar, a su juicio, que la seguridad jurídica permitirá diversificar los riesgos de los mercados frente a la creciente competencia de Estados Unidos y China.
El debate de este punto ha concluido con el rechazo de las resoluciones de PP y Vox, y la aprobación de la resolución del PSOE —con sus únicos votos, la abstención del PP y el rechazo de Vox—, que instaba, entre otras cuestiones, al Gobierno de España a colaborar con el regional “para garantizar la aplicación efectiva de cláusulas de salvaguarda, contingentes y mecanismos de revisión ante posibles impactos negativos en los mercados agrarios.
También pedía reforzar las políticas de acompañamiento al sector agrario y agroalimentario regional y velar por el cumplimiento estricto de los estándares europeos en materia de seguridad alimentaria, sanidad vegetal, bienestar animal y sostenibilidad medioambiental, garantizando la igualdad de condiciones entre los productos europeos y los procedentes de terceros países, y reforzar los mecanismos de apoyo y compensación al sector agrario, en coordinación con las comunidades autónomas, ante posibles desequilibrios derivados de la aplicación.