Castilla-La Mancha recibirá 2,3 millones para impulsar el vino español en mercados exteriores en 2027

Castilla-La Mancha recibirá 2,3 millones en 2027 dentro del reparto estatal para promocionar el vino español en terceros países y reforzar su competitividad.

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Castilla-La Mancha recibirá 2,3 millones para impulsar el vino español en mercados exteriores en 2027

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La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada por videoconferencia bajo la presidencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado este lunes el reparto de 46,6 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar programas de promoción del vino en mercados de terceros países de cara a 2027. Castilla-La Mancha contará con una asignación de 2.380.049,58 euros.

El montante previsto para ese ejercicio asciende a 55,6 millones de euros, una cuantía superior a las solicitudes presentadas por las comunidades autónomas, que se han situado por debajo del tope disponible. En la actualidad, la ayuda máxima permitida se sitúa en el 50%.

El ministro ha planteado elevar esta subvención al 60% para aprovechar la posibilidad que ofrece la futura modificación del reglamento europeo pendiente de aprobación en el denominado “paquete vino”.

Esta línea de apoyo a la promoción se integra en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

Planas ha destacado que estos programas permiten expandir las características y cualidades de los vinos españoles en terceros países, lo que mejora su competitividad y consolida nuevos mercados.

En el reparto territorial, a Castilla y León se le han asignado 9.404.506,34 euros; al País Vasco, 8.365.068,85 euros; a Cataluña, 5.997.457,53 euros; a La Rioja, 4.824.635,36 euros; a Andalucía, 3.479.110,57 euros; a la Comunidad de Madrid, 2.800.937 euros; a la Región de Murcia, 2.707.675,28 euros; a Castilla-La Mancha, 2.380.049,58 euros; a la Comunidad Valenciana, 2.046.001,28 euros; a Aragón, 2.018.890,76 euros; a Galicia, 1.190.001,14 euros; a Navarra, 924.930,68 euros; a Extremadura, 401.153,66 euros; y a Canarias, 62.643,10 euros.

Durante la reunión también se ha dado luz verde al Plan Nacional de Vigilancia del Mercado de Productos Fertilizantes de la Unión Europea (UE) para el periodo 2026-2029, que garantiza la adecuada supervisión de estos productos. La estrategia incorpora las aportaciones de las comunidades autónomas y contempla la creación de grupos de trabajo para reforzar y coordinar las tareas de vigilancia.

Asimismo, se han aprobado los programas nacionales del ámbito agroalimentario y pesquero incluidos en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026-2030.

Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera

Planas ha presidido también los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que ha trasladado a los consejeros autonómicos los asuntos que se abordarán en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

Entre los temas tratados figura la modificación del reglamento europeo de producción ecológica, que persigue simplificar la normativa y reforzar la competitividad del sector, todavía en una fase inicial. España defenderá que el logotipo ecológico de la UE se reserve solo para aquellas producciones ecológicas que cumplan los mismos requisitos que las producciones europeas.

Asimismo, España incluirá dos denominados “puntos varios”, uno para solicitar mayor flexibilidad en la aplicación del reglamento de control pesquero, dado que algunas de sus disposiciones resultan de una enorme complejidad para su cumplimiento por la flota pesquera, y otro, para reiterar la necesidad de modificar el reglamento del Mediterráneo y la revisión de los modelos científicos.

También se han intercambiado impresiones sobre la nueva Estrategia Europea de Bioeconomía, subrayando el papel central de la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura, así como la necesidad de disponer de financiación suficiente para impulsar la bioeconomía azul, el regadío sostenible, el uso de biomasa marina, la fertilización innovadora, la valorización de residuos marinos y subproductos de la pesca, y la biotecnología aplicada al sector primario.