El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, intervino este miércoles en el 18º Symposium de Sanidad Vegetal, organizado en Sevilla por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, para denunciar “la falta de reciprocidad en las condiciones de producción y control sanitario entre la agricultura europea y las importaciones procedentes de terceros países”.
Según ha trasladado COAG-A en un comunicado, Ávila presentó durante su ponencia varios datos que, a juicio de la organización, “evidencian que los agricultores europeos están obligados a competir en clara desventaja frente a producciones procedentes de países con normativas ambientales, fitosanitarias y sociales mucho menos exigentes, especialmente en el contexto de los acuerdos comerciales con Mercosur”.
Uno de los ejemplos que destacó procede de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que recoge que España únicamente analizó tres muestras de aceite de oliva importado de países terceros entre 2018 y 2023 para comprobar la presencia de residuos de plaguicidas. A partir de este dato, el responsable de COAG-A se preguntó: ¿Tres muestras en cinco años? ¿Así se pretende garantizar la seguridad alimentaria y la competencia leal?.
La organización agraria alertó igualmente de las grandes diferencias en el empleo de productos fitosanitarios entre las explotaciones europeas y las de varios países del Mercosur. “Mientras que en la Unión Europea el uso medio se sitúa en 2,89 kg por hectárea, en países del bloque sudamericano las cifras son muy superiores”. En concreto, se alcanzan 5,4 kg/ha en Paraguay, 5,9 en Argentina, 7,6 en Uruguay y hasta 12,6 kg/ha en Brasil, “más de cuatro veces el nivel europeo”, ha señalado la organización.
A estas divergencias se añaden contrastes importantes en el modelo productivo y en el impacto ambiental. Entre 2000 y 2018, Brasil incrementó su superficie agrícola un 44%, un crecimiento que ha implicado una merma del 7,6% de la masa forestal y del 10% de la vegetación de sabana.
De acuerdo con COAG-A, mientras en la Unión Europea los agricultores están sometidos a estrictas obligaciones ambientales para poder desarrollar su actividad, en otros territorios la expansión del sector agrario se ha llevado a cabo con fuertes consecuencias sobre los ecosistemas.
Ávila también llamó la atención sobre la elevada concentración de la propiedad de la tierra en varios países del Mercosur, “muy alejada del modelo agrario europeo basado en explotaciones familiares y profesionales”. En Argentina, el 65% de la superficie agraria se encuentra en fincas de más de 1.500 hectáreas. En Brasil, menos del 1% de las explotaciones controla el 50% de la superficie agrícola, mientras que en Paraguay el 10% de las explotaciones ocupa el 94% de la tierra y en Uruguay menos del 1% concentra el 93%.
En este contexto, el secretario general se cuestionó: ¿De verdad alguien puede sostener que competimos en igualdad de condiciones con este modelo?. Al mismo tiempo, remarcó que “no se trata de proteccionismo, sino de exigir reciprocidad”. Por ello, la organización agraria demanda avanzar hacia una verdadera unidad aduanera, la puesta en práctica efectiva de las cláusulas espejo y una postura firme de la Unión Europea en la negociación de acuerdos comerciales internacionales, con el objetivo de “evitar que el campo andaluz siga perdiendo competitividad frente a producciones que no cumplen las mismas reglas”.
Para concluir, Ávila advirtió de que, “sin controles reales, sin cláusulas espejo y sin voluntad política para defender el modelo agrario, el campo andaluz siempre saldrá perdiendo”.