La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha vuelto a advertir sobre los “graves riesgos” que, a su juicio, entraña la reforma del Reglamento de Producción Ecológica que está preparando la Comisión Europea, al permitir que productos importados se vendan como ecológicos en la UE sin ajustarse de forma estricta a las mismas exigencias que soportan los productores europeos.
La organización agraria ya ha remitido sus observaciones al Ministerio de Agricultura, dejando claro que la simplificación administrativa no puede utilizarse como excusa para rebajar las garantías del sistema ni para propiciar situaciones de competencia desleal, según señala en un comunicado.
COAG reitera que respalda las iniciativas destinadas a agilizar la gestión de la producción ecológica, en especial en lo que afecta a los grupos de operadores. No obstante, considera que es inasumible que esa simplificación se traduzca en un debilitamiento de los controles y en una pérdida de contenido del valor asociado al sello ecológico europeo.
“No podemos permitir que productos de terceros países se vendan como ecológicos en Europa sin cumplir las mismas condiciones. Es un fraude en toda regla. No se puede utilizar la etiqueta 'Eco' de la Unión Europea para productos importados”, ha señalado el responsable de Agricultura Ecológica de COAG, José Manuel Benitez.
La principal inquietud de la organización se concentra en la continuidad del régimen de equivalencias para las importaciones de terceros países y en que dichos productos puedan lucir el logotipo ecológico de la UE sin respetar plenamente el Reglamento (UE) 2018/848. La CE plantea prorrogar durante 10 años adicionales este sistema de equivalencia, admitiendo que no se cumple o que resulta insuficiente.
El propio texto de la propuesta reconoce que estos mecanismos no ofrecen una garantía completa, lo que, según COAG, compromete la confianza de los consumidores y erosiona la reputación del modelo ecológico europeo.
“El prestigio de la producción ecológica europea se lo han ganado los agricultores y ganaderos con muchos años de esfuerzo, cumpliendo un marco normativo exigente y sometido a control público. No se puede permitir que ese valor se diluya”, recuerdan desde COAG.
Por todo ello, la organización agraria se muestra “tajante” y mantiene que “ningún producto importado debería poder utilizar el sello ecológico europeo, aunque exista un reconocimiento de equivalencia”. A su entender, permitirlo supone inducir a error al consumidor, rebajar el valor del distintivo ecológico de la UE y castigar a los productores comunitarios, que afrontan mayores costes regulatorios y controles más estrictos.