Varias de las principales entidades ecologistas y animalistas de la Comunidad de Madrid han expresado su frontal oposición al proyecto de Ley de Caza y Pesca presentado este miércoles por el Gobierno regional, al entender que se ha elaborado “al dictado” del sector cinegético y apoyado en “falsas premisas” que presentan la caza como una actividad sostenible.
La Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza han comunicado que pondrán en marcha una campaña de información pública y futuras protestas con el objetivo de “contrarrestar” el “grave retroceso en materia medioambiental y ética” que, según denuncian, implica este texto normativo aprobado por el Consejo de Gobierno madrileño.
Estas organizaciones subrayan que el sector cinegético dispone de unas 43.800 licencias de caza, lo que supone aproximadamente el 0,63% de la población de la región, mientras que el espacio sobre el que se permite la actividad cinegética abarca unas 576.000 hectáreas, alrededor del 70% del territorio de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, advierten de que se “intensifica la presión sobre especies silvestres” al ampliar de 24 a 31 el catálogo de especies cazables, incorporando aves ligadas a humedales —como gansos, ánades o agachadizas— cuyas poblaciones se encuentran “en declive” en la región y en el conjunto de la Península.
A ello se suma la vuelta de varias modalidades de caza que estaban vetadas por su especial crueldad, entre ellas la caza de paloma con cimbel o la perdiz con reclamo, prácticas en las que se utilizan animales vivos como señuelo. Los ecologistas insisten en que la caza es “una actividad recreativa que encuentra disfrute en la muerte de animales”.
El borrador de la nueva ley impulsada por la Comunidad de Madrid también suprime limitaciones temporales al declarar todos los días del año como hábiles para la caza, restringe el acceso a caminos públicos y a las riberas de los ríos durante las jornadas cinegéticas y permite el uso de drones, equipos térmicos y dispositivos de visión nocturna para localizar fauna.
En esta línea, los colectivos conservacionistas alertan de que la utilización de estas tecnologías “acorrala a los animales” y reduce al mínimo sus posibilidades de escape. Igualmente, se autoriza el uso de perros de rehalas —entre 200 y 500 por montería—, lo que, según denuncian, provoca en estos animales “estrés, lesiones y abandono”, quedando además excluidos del amparo de la Ley de Animales de Compañía.
Las organizaciones también muestran su rechazo a una disposición que, a su entender, “limita el derecho a la protesta” al sancionar la entrada de personas no cazadoras en los terrenos donde se practica la caza. Señalan, además, que se deja prácticamente en manos de los titulares de los cotos la labor de supervisión, sin un control público efectivo sobre la gestión y el número de animales abatidos.
Ante este escenario, la Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza han avanzado que desarrollarán una campaña sostenida de sensibilización para “desmontar los argumentos del Ejecutivo regional” y han instado a la población a organizarse y movilizarse “en defensa de la biodiversidad y el bienestar animal”.