La Plataforma vecinal STOP macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo, junto con las entidades que forman la Coordinadora Stop Ganadería Industrial —entre ellas ADDA, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace— han expresado su rechazo a la resolución publicada el pasado viernes 10 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada al proyecto del Grupo Avícola Rujamar S.L. en San Clemente (Cuenca).
Las organizaciones recuerdan que la compañía proyecta levantar una macrogranja con capacidad para casi un millón de gallinas (810.000 ponedoras y 187.500 de recría) y una producción anual de unos 235 millones de huevos, según ha indicado Greenpeace en una nota de prensa.
Han advertido de que, si finalmente se ejecuta, se convertiría en la explotación de gallinas más contaminante del país en términos de emisiones de amoniaco, un gas tóxico con importantes repercusiones sobre el entorno y la salud de la población.
“Según datos de la propia promotora, la instalación generará más de 1.000 toneladas de gallinaza al mes”, han señalado las entidades.
También han mostrado su alarma por el posible efecto sobre el acuífero Rus-Valdelobos, del que dependería el suministro de agua de la explotación, remarcando que se encuentra en una zona en mal estado cuantitativo y químico, con recursos hídricos ya declarados sobreexplotados y especialmente vulnerable a los nitratos.
En este sentido, han recordado que las localidades de Villarrobledo y Ventas de Alcolea, situadas a unos 3 kilómetros del emplazamiento previsto para el complejo avícola, ya han sufrido episodios de acumulación de sulfatos en el agua de consumo.
Además, han apuntado que, según los últimos registros del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, en la red de abastecimiento Casas de Roldán-Casa de los Pinos el agua potable supera desde hace años el límite legal de nitratos (en la última medición, de septiembre de 2024, fue declarada no apta para consumo, sin datos más recientes disponibles).
“Es inadmisible que en un escenario de crisis climática y de agua, y después de un año en que fueron sacrificados millones de aves de corral debido a la gripe aviar, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, que supuestamente apoya la transición ecológica, dé luz verde a un proyecto de dimensiones faraónicas como el que Rujamar pretende llevar a cabo en San Clemente”, han manifestado las organizaciones.
“Pese a que casi todos los límites planetarios están traspasados, las administraciones nos siguen empujando hacia el precipicio promoviendo un modelo agroalimentario totalmente insostenible, destructivo y cruel”, han añadido.
Riesgo de zoonosis y afección a espacios protegidos
La Plataforma ha alertado igualmente del aumento del riesgo de zoonosis asociado a este tipo de instalaciones intensivas, subrayando que representan “una auténtica bomba de relojería e incrementan de forma exponencial el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a los seres humanos”.
“El año pasado se sacrificaron casi tres millones de aves de corral en España debido a la gripe aviar de alta patogenicidad, lo que constituyó un nuevo y negro récord en España y un mayor riesgo de transmisión a seres humanos”, han apuntado.
En esta línea, cuestionan el gasto de dinero público necesario para cubrir las indemnizaciones por los sacrificios masivos y la destrucción de las aves afectadas, “así como un riesgo para la salud pública que, en ningún caso, deberíamos asumir”.
Han incidido, además, en que el proyecto se localizaría a apenas 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, lo que incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades desde aves silvestres.
“Desde el año 2003 se han notificado, en todo el mundo, 993 casos de gripe aviar en humanos (477 muertes), y dos casos en España, habiendo saltado a otros mamíferos, como vacas, visones o lobos marinos”, han recordado.
Críticas al modelo de producción de Rujamar
Por otro lado, desde la plataforma han arremetido contra el Grupo Avícola Rujamar, sosteniendo que, pese a una imagen pública centrada en el bienestar animal, la producción de huevos en esta instalación se realizaría en suelo y en jaula, “los peores métodos de cría permitidos en España”.
“Rujamar y su CEO Rubén Martínez deben dejar ya de hacer un lavado verde de su empresa: ni es verde ni garantiza el bienestar animal. Lo único que busca es explotar a los animales para alcanzar su máximo rendimiento económico. Las gallinas no son objetos ni existen para estar encerradas desde que nacen hasta que mueren”, concluyen las organizaciones denunciantes.
La Plataforma ha avanzado que presentará alegaciones a la solicitud de concesión de agua, actualmente en fase de información pública por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, así como al proyecto de Real Decreto “por el que se modifican diversos reales decretos que establecen las normas básicas de ordenación de determinadas explotaciones ganaderas”, entre ellos el Real Decreto 637/2021, de ordenación de granjas avícolas, que al no fijar límites de capacidad permite que iniciativas de este tamaño puedan tramitarse.