800 millones de euros más que en el actual período 2020-2027. Ese es el beneficio que obtendrá el campo español en el futuro presupuesto europeo 2028-2034 según información de la Comisión de Agricultura.
Las fuentes comunitarias concretan que España recibirá:
- 37.240 millones de euros de ayudas a la renta de los agricultores (conocidas como ayudas directas).
- 4.520 millones de euros destinados a cumplir con objetivos rurales (que van más allá de las políticas agrarias).
- 4.220 millones de euros (anticipados, no añadidos) siempre y cuando el estado miembro presente medidas adecuadas para aplicarlos.
Dichas fuentes comunitarias también añaden que a estas cuentas habría que sumar la inflación, que si supera el 3% condicionará que todo se revise al alza.
Por otra parte, el importe de ayudas destinadas a la pesca (España es la primera potencia en el sector pesquero de la Unión Europea) se prevé de 420 millones de euros.
A estas cifras, la Comisión de Agricultura también añade alrededor de 10 millones de euros más procedentes del programa Horizonte Europa y del Fondo Europeo de Competitividad, montante que se destinará a la investigación agroalimentaria.
Una PAC ¿común?
El principal reto del futuro presupuesto de la Unión Europeo, aparte de las cifras económicas, es el importante cambio que se pretende dar a su gobernanza, ya que la PAC dejará de ser una política propia y pasará a ser un programa incluido en el Plan de Colaboración Nacional y Regional (CNR) de cada estado miembro, en el que el gobierno de cada país tendrá más peso que hasta ahora.
El objetivo de este cambio es que a partir de 2028 cada país tenga más autonomía en la aplicación de los fondos para que se aprovechen mejor. No obstante, Bruselas insiste que la PAC seguirá siendo “común” porque la Comisión señalará una serie de recomendaciones (obligatorias) que serán comunes a todos los estados miembro.
Plazos de tiempo
La Comisión Europea se ha marcado terminar el año 2026 con el Reglamento de la PAC redactado (con dichas recomendaciones establecidas) y el Marco Financiero Plurianual presentado, para que durante 2027 los estados miembro trabajen sus Planes de Colaboración Nacional y Regional (CNR) y se aprueben los presupuestos finales. Bruselas pretende, de este modo, que tanto la futura PAC como los nuevos presupuestos entren en vigor a principios de 2028, una fecha que otras fuentes consideran difícil de alcanzar por todo el trabajo y negociaciones que hay que llevar a cabo para alcanzar consensos.
Desde la Comisión de Agricultura se reconoce la reticencia de los ministros del ramo a modificar la estructura de la PAC y su financiación, ya que a partir de 2028 dependerá más de cada estado miembro que de la Unión Europea. Sin embargo, dichas fuentes reconocen que este inconveniente se convierte en una ventaja para los ministros de Economía o Finanzas, quienes con la nueva forma de recibir los fondos se encuentran menos encorsetados a la hora de aplicarlos.
“Queremos ofrecer una mayor flexibilidad. Aportar menos programas, más sencillos y eficientes. Nuestro objetivo es tener sinergias para que la gestión de los fondos europeos sea más eficaz”, han apuntado fuentes de la Comisión de Agricultura sobre los importantes cambios de la futura Política Agraria Común.