El Comité de Expertos, en el que participan más de 15 entidades junto a las consejerías de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente, ha comenzado a trabajar para definir las actuaciones frente a la peste porcina africana (PPA) en Castilla y León y evitar la aparición de focos en la Comunidad, donde por ahora no se ha registrado ninguno.
Por el momento, la consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, ha apostado por “redoblar” las medidas de bioseguridad que se vienen aplicando desde hace años y que han demostrado su eficacia, reforzar el control de la población de jabalí mediante la caza y tratar de garantizar las exportaciones a través de la regionalización y la diferenciación de zonas libres de focos.
El Comité celebró este martes su primera sesión con la participación de la Junta, representantes del sector productor, de la industria cárnica, del ámbito académico y científico, así como de la Federación de Caza de Castilla y León.
En este contexto, María González Corral ha detallado que la Junta ya venía manteniendo contactos con los agentes del sector, a los que trasladó la necesidad de afrontar este riesgo sanitario. Con la constitución formal de este órgano se pretende fijar una hoja de ruta en Castilla y León “a corto, medio y largo plazo” pese a que todavía no se han detectado casos en la Comunidad.
La consejera ha subrayado que los positivos registrados hasta ahora se limitan a jabalís y que la PPA no tiene impacto en la salud humana, por lo que el consumo de productos del cerdo es totalmente seguro. Ha recordado, además, el peso estratégico del porcino para Castilla y León, un sector que ha invertido “mucho” en bioseguridad y que, a su juicio, debe reforzar aún más estas medidas ante la reaparición de una enfermedad ausente en España durante más de tres décadas.
En esta línea, ha señalado que las actuaciones aplicadas hasta ahora han dado resultado y confía en que sigan siendo eficaces, pero considera imprescindible seguir trabajando de forma “coordinada”. Por ello, en el Comité participa también la Consejería de Medio Ambiente, con el objetivo de intensificar el control del “vector” potencial de transmisión, el jabalí.
La Junta trabaja así en la ampliación de la orden de emergencia cinegética para la caza del jabalí. Aunque ya existe una norma en vigor, se pretende extender su alcance con el fin de reducir la población de este animal silvestre y, en consecuencia, minimizar el riesgo de contagio al ganado porcino.
Paralelamente, se avanza en algunas de las demandas planteadas por el propio sector, como la defensa de la regionalización, que permite mantener la exportación desde las áreas libres de enfermedad en lugar de paralizar toda la producción nacional.
González Corral ha indicado que ya se han alcanzado acuerdos en esta materia con países como China o Reino Unido, mientras que en otros mercados se han impuesto restricciones. Por ello, ha reclamado al Ministerio de Agricultura que continúe trabajando en esta línea para preservar las ventas al exterior, dado el peso del porcino: Castilla y León es la tercera región en número de cabezas y cuenta con una industria muy orientada a la exportación, donde el porcino representa el 13 por ciento del total de ventas al extranjero.
“Por eso tenemos que estar aquí ayudándoles, escuchándoles a todos y analizando cuáles son las medidas que tenemos que tomar a corto, a medio y a largo plazo”, ha añadido.
Retos y desafíos ante la PPA
El veterinario y director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, ha explicado que el grupo de expertos nace con la misión de fijar los “retos y desafíos” frente a la peste porcina detectada en la provincia de Barcelona, que hasta la fecha sólo se ha confirmado en jabalís.
Ha advertido de que los productores son “los damnificados secundarios” de un problema de sanidad animal que, además, tiene repercusión en los mercados internacionales en función de la aceptación del producto por parte de los países compradores.
“Nuestro objetivo a nivel de Castilla y León es seguir marcando que somos una economía absolutamente libre de peste porcino africana”, ha subrayado Higuera, quien cree imprescindible seguir colaborando con la Consejería en todas las medidas de protección aplicadas durante años y, si es necesario, darles “un impulso más”.
En la misma línea, considera que el Estado debe aportar todos los recursos necesarios para controlar y erradicar la peste porcina africana en el menor tiempo posible.
“Este grupo de expertos pues establecer cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser las amenazas y cuáles son la ruta o la hoja de ruta de trabajo que deberíamos tener todos juntos para que en el caso, que nadie lo quiera, nos llegue a la Comunidad estar preparados”, ha añadido el director de Anprogapor, quien ha recalcado que, si se produjera algún foco, no sería momento de debatir, sino de aplicar de inmediato las medidas que ahora se están diseñando.
En este escenario, el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Rufino Álamo, ha puesto en valor la capacidad de España para disponer de un sistema de vigilancia que ha permitido identificar el problema de forma temprana, lo que supone una “gran garantía” a la hora de adoptar decisiones rápidas y evitar su difusión, a diferencia de lo que ocurrió cuando la enfermedad llegó por primera vez y se propagó de manera amplia.
Que la PPA esté en estos momentos perfectamente acotada, a su juicio, constituye un elemento de seguridad, ya que sólo afecta a fauna silvestre, lo que ofrece “enorme garantía” a los consumidores, especialmente porque “es una enfermedad muy virulenta y, en su caso, los animales van a fallecer de forma pronta”.
El representante de la profesión veterinaria ha remarcado que la rápida reacción permite prever, a la vista de la evolución, que el foco quede “perfectamente circunscrito” y ha destacado que el censo ganadero en la zona afectada es “afortunadamente muy limitado”, por lo que la cabaña del país es en este momento “totalmente segura”.
Álamo ha insistido en la capacidad de España para hacer frente de nuevo a un problema que ya fue erradicado hace más de 30 años y estima que las actuaciones actuales son “suficientes y adecuadas” para evitar su expansión.
Medidas ya en marcha
Además de las decisiones que se adopten en el seno del Comité, la consejera de Agricultura y Ganadería ha recordado que ya se han puesto en marcha diversas iniciativas, como la publicación en internet de información específica para el sector o el envío de más de 2.000 mensajes SMS y otros 2.000 correos electrónicos a explotaciones y operadores del porcino para reforzar las medidas de bioseguridad.
Asimismo, se trabaja “de forma coordinada” con Medio Ambiente para desarrollar la orden de emergencia cinegética y ampliar las posibilidades de caza del jabalí. También se ha activado, a través del 112, un protocolo para que cualquier ciudadano que detecte un jabalí muerto o moribundo sepa cómo proceder y a quién avisar.
En todo caso, González Corral ha reiterado la importancia de la prevención, apoyada en diferentes medidas de bioseguridad y en programas de formación en los que se ha invertido en los últimos años. Sobre este punto, Miguel Ángel Higuera ha subrayado que sólo España tiene reguladas estas exigencias dentro de la Unión Europea y ha insistido en que es necesario “enfatizar” entre los ganaderos la plena “implementación” de todas ellas.
Entre estas actuaciones ha citado, sobre todo, las orientadas a separar el “riesgo”, es decir, lo que ocurre fuera de la explotación, de la “parte limpia” del interior, mediante vallados, vestuarios y duchas, vados sanitarios y arcos de limpieza para vehículos, así como mallas pajareras en las ventas.