QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso someterá a debate este martes, 9 de diciembre, una proposición de ley registrada por el PP que persigue que, cuando se declare una situación de crisis, se aplique el tipo mínimo de IVA autorizado a la energía y a las adquisiciones necesarias para llevar a cabo las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
La iniciativa, que se examinará para su toma en consideración, pretende apuntalar el sistema alimentario español como sector estratégico clave de la economía mediante un paquete amplio de rebajas fiscales, con el fin de aliviar los costes de producción en el campo y asegurar la viabilidad y continuidad de las explotaciones y empresas del sector primario.
En particular, el Grupo Popular plantea una reducción temporal del IVA soportado por todos los eslabones de la cadena alimentaria y que repercute de forma directa en el precio final de los alimentos, tanto en la energía y los combustibles como en materias primas e insumos imprescindibles para la actividad agraria, que han experimentado importantes “incrementos de precio” para agricultores y ganaderos.
Concesión de ayudas estatales y criterios comunes
La propuesta contempla además la puesta en marcha de ayudas estatales en forma de “mínimis”, es decir, subvenciones de pequeña cuantía dirigidas a explotaciones de sectores en crisis cuya continuidad en el ciclo productivo esté amenazada.
El PP plantea fijar criterios homogéneos para todo el territorio a la hora de otorgar estas ayudas en contextos de vulnerabilidad similar, criterios que, además, serían conocidos de antemano por los beneficiarios potenciales.
La norma prevé que estos apoyos se mantengan mientras se desarrolla, dentro del sistema de seguros agrarios combinados, un seguro de estabilización de ingresos que permita gestionar los riesgos vinculados a la renta procedente de la actividad agraria.
Asimismo, el texto incorpora la creación de un sistema de seguimiento integral de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales, que sería diseñado por los ministerios de Agricultura y de Economía en coordinación con las comunidades autónomas.
Seguros agrarios, residuos y mercado de carbono
En materia de seguros, el PP aspira a que el seguro agrario combinado pueda incluir la cobertura de nuevos riesgos derivados de la volatilidad de los mercados y reforzar su sostenibilidad técnica y económica, con el objetivo de asegurar las coberturas que se ofrecen a los agricultores que contratan estas pólizas.
El texto también plantea modificar el artículo 27.3 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el propósito de adecuar el tratamiento de los residuos vegetales al criterio general previsto en dicha norma para el conjunto de residuos.
En el ámbito medioambiental, el PP propone que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulse los estudios y trabajos necesarios para facilitar la entrada de los agricultores en el mercado de carbono, de forma que agricultores y ganaderos puedan recibir una compensación por la captura y almacenamiento de carbono en sus tierras y cultivos.
Rebaja del IVA a alimentos básicos
En la misma sesión plenaria, el grupo popular defenderá una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno una reducción del IVA de distintos productos de alimentación, entre ellos los huevos, la leche, los productos frescos, las carnes, los pescados y las conservas.
Se trata de una exigencia que el partido viene formulando desde el repunte de la inflación posterior a la pandemia de 2020. La formación advierte de que en España se encadenan ya cinco años seguidos en los que los precios “no han dejado de subir”, con un incremento acumulado del 22,7% hasta octubre de este año, mientras que en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas el alza alcanza el 34,1%.
Por este motivo, el PP propone reducir del 4% al 0% el IVA que grava huevos, leche y productos frescos y rebajar ese impuesto del 10% al 4% en carnes, pescados y conservas, con la intención de reactivar el consumo de estos productos que muchas familias “han tenido que reemplazar por alimentos ultraprocesados”.
