La Plataforma Ecologista Madrileña ha expresado su descontento este miércoles argumentando que el Anteproyecto de Ley de Caza y Pesca de la Comunidad de Madrid «perpetúa un modelo obsoleto» enfocado en la explotación comercial de la fauna, ignorando las necesidades contemporáneas de protección ambiental, a pesar de que actualiza legislaciones que se remontan a 1942 en pesca y a 1970 en caza.
Los grupos que forman parte de la plataforma –ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura– han emitido un comunicado indicando que el documento carece de sistemas independientes que aseguren una administración basada en evidencias científicas.
El colectivo ha señalado que los planes futuros seguirán estando en manos de los administradores de los cotos «sin auditoría científica externa», lo que coloca a la Comunidad de Madrid «por detrás» de otras zonas con enfoques considerados más avanzados.
Un aspecto alarmante para ellos es la reintroducción de la caza de perdiz con reclamo, actualmente prohibida; la inclusión de aves acuáticas en la lista de especies cinegéticas; y la creación de la figura del «cazador tutelado», sin criterios definidos de formación o seguridad. Según la Plataforma Ecologista Madrileña, estas iniciativas «suponen un retroceso» y afianzan una perspectiva «desfasada» en la gestión de la vida silvestre.
CRÍTICAS A LA NORMATIVA SOBRE PESCA
En el ámbito de la pesca, advierten que los ríos madrileños sufren «una crisis ecológica» debido a barreras fluviales abandonadas, contaminación, escasez de agua, aumento de temperaturas y especies invasoras.
Critican que el anteproyecto favorezca la pesca intensiva en cotos privados a través de la liberación de trucha arcoíris, un sistema que, según ellos, ha contribuido a la extinción de especies locales como la trucha común en el río Cofio.
Las asociaciones han presentado objeciones solicitando planes de gestión específicos para cada río, la aplicación rigurosa de la ley sobre especies invasoras, la introducción de una categoría de «especie amenazada» en la pesca fluvial y la aseguración de caudales ecológicos adecuados para la recuperación de ecosistemas y especies nativas.
Consideran que la Comunidad de Madrid «pierde» con este anteproyecto «una oportunidad histórica» para modernizar su gestión ambiental y urgen al gobierno regional a revisar el documento e incluir políticas que fomenten «un marco realmente centrado en la conservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas».