Ecologistas en Acción, que ha puesto en cuestión el denominado 'Plan de Acción frente a la sobrepoblación de conejo de monte' impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha censurado que ninguna entidad ecologista de ámbito regional haya sido convocada a la Mesa permanente del conejo, “incumpliendo la Consejera su anuncio de que estarían en ella todas las que quisieran participar”.
La organización sostiene que esta exclusión se explica “tal vez por no escuchar las voces incómodas de quienes conocen bien la idiosincrasia que a nivel regional mueve los hilos de esta problemática”, y por ello ha solicitado una reunión urgente con el departamento que encabeza Mercedes Gómez, además de reclamar una evaluación ambiental y una reformulación del plan del conejo, “ya que en su planteamiento y concepción es susceptible de provocar notorios impactos en el medio natural y en los espacios y especies protegidas sin aportar nada a la solución del conflicto”.
A su entender, el documento presentado el pasado viernes “persevera en el error de poner el foco en la especie y no en las cuestiones de fondo que afectan a un problema sobredimensionado por intereses espurios”.
Ecologistas en Acción enmarca este plan en la “enésima campaña de presión de las organizaciones agrarias, en particular de Asaja”, que incluso ha llegado a amenazar con acudir a la vía penal contra las responsables de la Consejería por, según la patronal agraria, no haber adoptado las medidas necesarias para frenar la plaga de conejos.
Respecto al contenido del plan, el colectivo ecologista subraya dos aspectos principales. El primero es que se centra casi exclusivamente en la especie y en su supuesta sobrepoblación, dejando en un segundo plano el conflicto social y la dimensión real de los daños.
Recuerdan que “en una situación que tiene dos elementos a colación, se olvida ominosamente uno, la actividad agrícola, que es la fuente de tensiones en todo lo que rodea esta problemática. Y lo hace desde todos los puntos de vista, a escala de su extensión e intensificación en el territorio, de la desafección del sector respecto de la agricultura y saberes tradicionales y de la utilización espuria de la cuestión por parte de los grupos de presión y partidos”.
En segundo término, la organización indica que resulta “poderosamente” llamativo que, de las siete medidas previstas en el plan para su aplicación sobre el terreno —cinco de ellas nuevas—, seis se orienten exclusivamente a incrementar las capturas de conejo, con una amplia dotación de recursos económicos, materiales y humanos, incluyendo la creación de nuevos puestos de funcionario y la reasignación de funciones de los agentes medioambientales.
Según destacan, “destaca la propuesta de utilizar medios como la caza nocturna o las trampas que suponen un riesgo para la seguridad de las personas y para la biodiversidad. Mientras tanto, solo una medida se dirige a la gestión del hábitat mediante la instalación de protectores en cultivos, pero sin ninguna obligación para los agricultores”.
Para Ecologistas en Acción, del propio diagnóstico que acompaña al plan se desprende que “se reconoce el fracaso de la caza como medio de control de poblaciones y para paliar los conflictos”.
Recuerdan que “a pesar de que se lleva más de 10 años aplicando medidas extraordinarias de caza de conejos, ahora se reconoce la impotencia del sector para atajar la problemática”.
El documento también pone de relieve “otro elemento destacado que analiza el plan” como es la “resistencia, por no decir rebeldía, del sector agrícola a acometer medidas de autoprotección, incluso aquellas que han sido propias del conocimiento tradicional y cuya eficacia está demostrada técnicamente”.
En esa línea, la organización incide en que “así se demuestra de la lectura del plan cuando se indica la escasa acogida que han tenido las ayudas para instalación de protectores y mallas conejeras. Entre 2014 y 2020 se resolvieron 67 expedientes, un número ridículo de peticiones, y además solo 22 se terminaron por ejecutar”.
Tras plantearse “cómo se puede entender que los agricultores no protejan sus cultivos si el problema es tan grave como dicen y además se les subvenciona para ello”, Ecologistas en Acción considera que quizá ha llegado el momento de replantear el apoyo público a aquellas explotaciones “que no toman medidas de autoprotección sencillas y gratuitas”.
En su valoración final, la organización concluye que “vender la caza como método de control necesario y la permanente campaña de quejas de las organizaciones agrarias para obtener mayor influencia y subvenciones parecen ser dos factores muy relevantes para explicar un conflicto muy sobredimensionado y que a juicio Ecologistas en Acción admite soluciones que no se quieren abordar”.