El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación junto con representantes del sector porcino han evaluado recientemente el impacto de los aranceles aplicados por China a la carne de cerdo europea, una medida que empezó a aplicarse el 10 de septiembre y que repercute directamente en las exportaciones de España.
En una reunión liderada por Ana Rodríguez, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, se han examinado las consecuencias económicas y posibles repercusiones para las empresas nacionales. Desde el Gobierno se ha transmitido un mensaje de calma, asegurando apoyo continuo a los afectados y destacando la cooperación y transparencia en las operaciones del sector, con la esperanza de que los aranceles se retiren pronto.
Los aranceles impuestos varían entre el 15,6% y el 20% para los exportadores españoles, alcanzando hasta el 62,4% en ciertos casos dentro de la Unión Europea. Actualmente, España ocupa el tercer lugar mundial en la producción de porcino, solo detrás de China y Estados Unidos, y es líder en Europa con una producción anual superior a 4,9 millones de toneladas de carne de cerdo, según las cifras de 2024.
China constituye el principal mercado no comunitario para el porcino español, con ventas que superaron los 1.097 millones de euros en 2024, representando el 11,2% de la producción nacional. Además, se ha iniciado la exportación de carne de porcino tratada térmicamente a Australia, cumpliendo con una larga demanda del sector.
TAMBIÉN SE ABORDA LA SITUACIÓN DE DENOMINACIONES DE ORIGEN DEL IBÉRICO
Durante el encuentro, se resaltó el rol de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el fomento de la transparencia y sostenibilidad del sector. Se destacó la iniciativa de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) para reforzar su modelo de producción y la propuesta de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), que pretende aplicar una nueva normativa hasta 2030. Esta normativa está diseñada para potenciar la promoción de los productos ibéricos, apoyar el relevo generacional y aumentar la sostenibilidad y competitividad del sector.
Además, se ha planteado la posibilidad de realizar ajustes consensuados en la norma de calidad, reforzando así la trazabilidad y la protección al consumidor en las denominaciones de origen del jamón ibérico, que son sinónimo de calidad superior y arraigo territorial.