Las organizaciones agrarias Asaja Extremadura, La Unión y UPA-UCE, junto con la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, la asociación Aseprex y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca han vuelto a denunciar la “situación límite” que atraviesa el arroz extremeño por la “entrada masiva” de producto procedente de terceros países y por el impago de la última cosecha.
En un comunicado conjunto, estas entidades alertan de que la “asfixia económica” y la “competencia desleal” ponen en serio riesgo la continuidad del cultivo del arroz en Extremadura, que sufre una crisis “sin precedentes”.
Ante este escenario, el sector, actuando de forma unitaria, reclama la puesta en marcha de la cláusula de salvaguarda u otros instrumentos que permitan defender el arroz europeo frente a las “importaciones descontroladas”, así como la exigencia de “cláusulas espejo” para que cualquier grano que acceda al mercado comunitario respete las mismas normas sociales y medioambientales vigentes en el continente.
Del mismo modo, piden un etiquetado “claro” sobre el origen del producto, recordando que el consumidor debe conocer de dónde procede el arroz que adquiere para “evitar fraudes y mezclas engañosas”. Reclaman, además, revisar los aranceles y adaptar las tasas de importación con el fin de equilibrar la competencia con países que operan con “costes de producción ínfimos”.
A la “competencia desleal” se le suma una “gravedad financiera extrema”, ya que los productores se encuentran en plena siembra de la campaña 2026, asumiendo todos los gastos, mientras que todavía no han percibido el pago del arroz correspondiente a la campaña 2025.
“Esta falta de liquidez es la estocada final para muchas familias. O los políticos sacan la cara y miran por el sector arrocero o nos vemos abocados al abandono y a la ruina total del sector”, han recalcado las organizaciones convocantes, que advierten de las graves consecuencias económicas y sociales si no se adoptan medidas urgentes.