El sector agrario andaluz aguarda en los próximos días “más concreción” sobre las ayudas del Estado, cifradas en 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura, y las autonómicas, dotadas con 1.780 millones, anunciadas este martes. Estos fondos incluyen apoyos directos para las explotaciones agrícolas y ganaderas dañadas por el reciente tren de borrascas. Las organizaciones agrarias han avisado de que permanecerán “vigilantes” y, en el caso de Asaja Andalucía, han mostrado su rechazo a la reducción de las peonadas al considerar que en las fincas “va a haber más trabajo aún” tras las intensas lluvias.
En declaraciones a Europa Press, Félix García, director general de Asaja Andalucía, ha tildado el paquete estatal de “inconcreto e impreciso” y ha reclamado “más información” sobre los plazos de cobro, los cultivos que se verán beneficiados y las condiciones para acceder a las ayudas. Desde UPA, su secretario general, Jesús Cózar, ha definido como “muy positivas las ayudas” aprobadas por el Gobierno central. Esta organización sí respalda la rebaja de las peonadas y espera que las actuaciones en las vías pecuarias permitan darles un “buen repaso”. Por parte de COAG Andalucía, su secretario general, Juan Luis Ávila, ha insistido en que estarán “vigilantes” para que las medidas se ejecuten correctamente.
La ministra Montero ha detallado que el primer bloque de medidas se orienta a familias y hogares damnificados. Se contemplan ayudas directas para más de 12.400 personas evacuadas por los fenómenos meteorológicos. La compensación será de 150 euros por persona y día, según ha explicado Montero, quien ha subrayado que estas cantidades serán compatibles con otras ayudas a las que puedan optar, como las destinadas a reparar daños en viviendas.
“Por ejemplo, esto supone para una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar, una ayuda directa de 6.000 euros”, ha ejemplificado. Además, la ministra ha remarcado que el decreto multiplica por cuatro las indemnizaciones previstas en la ley para afectados por daños personales, desperfectos en viviendas y pérdida de enseres.
Estas ayudas, con carácter retroactivo, quedarán exentas de tributación en el IRPF, al igual que en el impuesto de sociedades en el caso de las empresas, y no se tendrán en cuenta para el cálculo del ingreso mínimo vital. Un segundo bloque se dirige a los ayuntamientos, con 2.000 millones de euros que se transferirán a los municipios para “afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones”.
En un tercer apartado, de tipo fiscal, Montero ha señalado que se prevén la exención del pago del IBI y una reducción en el impuesto sobre actividades económicas para 2026 cuando se trate de inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. “En caso de que se haya ya realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de lo abonado”, ha aclarado.
Asimismo, se aplicará una rebaja de módulos en el IRPF y en el régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias situadas en las zonas afectadas. “Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para los contribuyentes de unos 350 millones de euros”, ha manifestado la ministra.
Otro bloque se centra en la Seguridad Social. En este ámbito se prevé la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo; ERTE por fuerza mayor para los trabajadores afectados, con exenciones en las cuotas empresariales; el aplazamiento y la moratoria en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social; la ampliación de la protección por desempleo para las empleadas del hogar; y la reducción de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales.
El cuarto eje de las medidas se destina a la agricultura y al sector pesquero, con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las áreas afectadas, y una línea adicional de diez millones de euros para armadores de buques pesqueros con puerto base en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.
Además, se consignan 600 millones para arreglar caminos rurales e infraestructuras asociadas, y 163 millones para la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal a cargo del Ministerio de Transportes. En el ámbito comercial, se contemplan subvenciones por 120 millones de euros para hostelería y comercio minorista de las zonas dañadas, junto a líneas de financiación ICO por 100 millones de euros para afrontar daños agrarios provocados por las borrascas y atender las indemnizaciones del consorcio de seguros.
En paralelo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado el Plan Andalucía Actúa, dotado inicialmente con 1.780 millones de euros, con el propósito de responder a los destrozos ocasionados por el tren de borrascas que ha golpeado en las últimas semanas a la comunidad.
Entre los principales capítulos del plan figuran 988 millones de euros para el sector agrícola, el más castigado por el temporal. De esa cuantía, se reservan 700 millones en ayudas directas para las 33.000 explotaciones perjudicadas. En cuanto a las carreteras, Moreno ha cifrado los daños en más de 535 millones de euros, especialmente en las provincias de Cádiz y Málaga. Se actuará en más de 1.000 kilómetros de vías tras haberse detectado casi 600 incidencias graves.
El programa autonómico incluye también 35 millones en apoyos a pymes y autónomos para evitar destrucción de empleo. Se prevén ayudas de hasta 2.000 euros por autónomo, a razón de 200 euros mensuales durante 10 meses, de febrero a noviembre. A ello se podrán sumar 3.500 euros por cada trabajador contratado, de manera que un autónomo con dos o tres empleados, la media en Andalucía, podría percibir entre 9.000 y 12.500 euros.
En el ámbito educativo, el impacto en colegios e institutos se estima en más de 60 millones de euros, una cifra que podría crecer conforme se evalúen con mayor precisión los daños. En el caso de los centros sanitarios, el coste ronda los 13 millones de euros, principalmente en ambulatorios, centros de salud y algún hospital. Para vías pecuarias e infraestructuras medioambientales se calculan unos 49 millones de euros, partidas que el presidente ha defendido como esenciales para los ganaderos y el conjunto del campo.
En apoyo a los ayuntamientos, el plan prevé alrededor de 50 millones de euros para recuperar servicios públicos, redes de agua y otras infraestructuras básicas. Se añaden, además, 4 millones de euros para actuaciones de emergencia, con el fin de reforzar el Infoca y mejorar la atención a las personas afectadas.