El sector agrario de Baleares saldrá a la calle el próximo jueves, 29 de enero, en el municipio de Ariany (Mallorca) para exigir soluciones “reales y urgentes” ante la situación límite que, sostienen, atraviesa el campo por el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo UE-Mercosur.
La protesta ha sido organizada por UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-Baleares, tal y como han detallado estas tres entidades en una nota conjunta difundida este jueves.
La movilización pretende visibilizar el profundo malestar del sector primario y reclamar una revisión a fondo de las políticas agrarias tanto europeas como estatales. A la cita acudirán payeses con sus tractores y otra maquinaria agrícola, y está prevista la lectura de un manifiesto donde se recogerán las principales demandas del sector agroalimentario mallorquín. Las organizaciones calculan la asistencia de alrededor de un centenar de personas y varias decenas de vehículos.
Han explicado que esta acción responde a la “incertidumbre” sobre el diseño de la PAC a partir de 2027, a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, al encarecimiento continuado de los costes de producción y a la competencia desleal derivada de los tratados comerciales internacionales, en especial, según apuntan, del firmado entre la UE y Mercosur.
En relación con la PAC, las organizaciones critican que ha dejado de ser una política “realmente común”, ya que permite que cada país miembro la configure a su manera. A su juicio, esto rompe la unidad de mercado y provoca desigualdades entre agricultores de distintos estados europeos.
Asimismo, denuncian que se suman recortes en los fondos disponibles, “falta de claridad” en las vías de financiación y el peligro de que la PAC acabe “diluida” dentro de los presupuestos generales, además de una regulación “cada vez más compleja y dispersa”.
Otro de los puntos que el sector rechaza de plano es el acuerdo UE-Mercosur, porque abre la puerta a la entrada de productos agroalimentarios elaborados con estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar animal inferiores a los que se exigen dentro de la Unión Europea.
A juicio de las organizaciones convocantes, este escenario impacta de lleno en sectores considerados estratégicos y compromete la seguridad alimentaria, la protección del consumidor europeo y la supervivencia de las explotaciones locales.
El campo balear denuncia, además, el aumento sostenido de los costes de producción, la carga burocrática creciente y el cierre progresivo de industrias agroalimentarias en las islas.
Igualmente, reprochan el “falta de reconocimiento” de las externalidades positivas que genera la actividad agraria, entre ellas la menor huella de carbono asociada a los productos de proximidad.
Por todo ello, reclaman compensaciones específicas por los sobrecostes derivados de la insularidad, estímulos a la producción local, una rebaja de la presión fiscal sobre los insumos agrarios y un apoyo “decidido” a la industria agroalimentaria.