La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el respaldo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, han convocado para el próximo 29 de enero una tractorada y manifestación en la ciudad de València.
Las organizaciones del sector agrario valenciano llaman a productores, industrias auxiliares, colectivos sociales y consumidores a sumarse a esta protesta frente a los acuerdos comerciales de la Unión Europea suscritos sin reciprocidad, entre ellos el tratado con Mercosur, los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de trámites burocráticos y las medidas que “amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea”.
La movilización se enmarca en una serie de protestas que se desarrollarán en distintos puntos de España durante la próxima semana, pero tendrá su momento clave el 29 de enero, señalado como “el 'superjueves' del campo español”, según han explicado en una nota conjunta.
Las entidades agrarias subrayan que “no es un acto solo de agricultores. Está en juego la competitividad y viabilidad de quienes producen los alimentos que comemos todos los días, que generan un motor económico tan importante como es el agroalimentario en términos de empleo y riqueza, y que mantienen un manto verde que no se quema”.
En la misma línea, alertan de que “está en juego una Europa que no dependa de los alimentos de fuera, que son menos seguros, más contaminantes y, a largo plazo, más caros. Está en juego, en un entorno de inestabilidad internacional, nuestra elección como pueblo entre tener soberanía o incertidumbre alimentaria”, advierten los dirigentes agrarios”.
La marcha dará comienzo a las 10 horas frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), donde se reclamará “una solución justa y digna a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la dana y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH)”, así como la defensa de los regadíos y de las infraestructuras hidráulicas. El itinerario pasará por las Torres de Serranos y finalizará ante la Delegación del Gobierno, donde los portavoces del sector dirigirán sus intervenciones al público asistente.
Principales reivindicaciones del sector agrario
CCPV-COAG, UPA-PV, La Unió y AVA-Asaja exigirán el rechazo de la actual propuesta de acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, reclamando un estudio de impacto sobre el sector agrario que sea objetivo y riguroso, condiciones de reciprocidad, cláusulas de salvaguardia realmente operativas y una auténtica complementariedad con la producción comunitaria. Del mismo modo, plantearán revisar los acuerdos ya vigentes y los que se negocien con países terceros, con especial atención a Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.
El campo valenciano también mostrará su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC posterior a 2027, que prevé integrar la PAC en un fondo único, diluyendo su carácter específico; aplicar un recorte del 22% del presupuesto; suprimir los dos pilares tradicionales de la PAC; incrementar la carga administrativa, y avanzar hacia una renacionalización de las ayudas.
Entre las demandas figura asimismo la necesidad de simplificar la normativa, reforzar la seguridad jurídica y aprobar regulaciones más ajustadas a la realidad agraria que no supongan una merma de competitividad; mantener la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; y reorientar las políticas del Gobierno español para que prioricen la agricultura frente a ciertas normativas medioambientales, siempre apoyadas en criterios científicos.
En este punto, las organizaciones reclamarán sustituir la Ley de Restauración de la Naturaleza, que introduce más restricciones a la actividad agraria, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Otro bloque de peticiones se centrará en reforzar y homogeneizar los controles fitosanitarios frente a plagas y enfermedades en los puertos de entrada, con inspecciones en origen, ampliación y mayor rigor en la aplicación del tratamiento en frío y, si se detectan reiterados incumplimientos, la suspensión de las exportaciones a la UE.
Igualmente, se pedirá una nueva política hidrológica que incluya la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir recursos hídricos, el ajuste de los caudales ecológicos y una apuesta clara por la reutilización de aguas depuradas; la mejora de los seguros agrarios para que cubran todos los riesgos climáticos y de fauna salvaje; y el impulso de autorizaciones excepcionales para fitosanitarios que no disponen de alternativas eficaces contra plagas y enfermedades de los cultivos.
Por último, las organizaciones agrarias reclamarán la aplicación estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria, con la prohibición expresa de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción; la aprobación de una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje; la adaptación de la Reforma Laboral a las particularidades de las campañas agrarias; la actualización de los módulos del IRPF agrario; y la revisión del Código Penal junto con un refuerzo de medios para combatir los robos en el campo.