El director general de Planificación Agraria del Principado de Asturias, Marcos Da Rocha Rodríguez, ha anunciado este viernes que el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la petición del Gobierno asturiano para personarse en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra la rebaja del nivel de protección del lobo. “Sin duda alguna, es una gran noticia”, ha señalado Da Rocha.
El responsable autonómico ha explicado que la iniciativa del Ejecutivo regional obedece al objetivo de compatibilizar la presencia del lobo con la ganadería extensiva, mediante la puesta en práctica de un plan que contempla la retirada de hasta 53 ejemplares como máximo hasta marzo de 2026. Según ha detallado, esta planificación ya está ofreciendo resultados: los agentes medioambientales han ejecutado controles que se han saldado con 17 ejemplares abatidos, a los que se suman otros 9 animales muertos por causas ajenas a estos dispositivos.
Ha recordado que “la postura del Principado siempre ha sido clara. Desde un principio se opuso a la inclusión del lobo en el listado de especies con protección especial (Lespre), una decisión que impedía poder aplicar el plan de gestión del lobo en su totalidad y que siempre se solicitó y trasladó en los foros correspondientes y también hasta por vía judicial junto con el resto de las comunidades autónomas loberas”.
En esta línea, el director general ha defendido que, en su opinión, Asturias es “un ejemplo a seguir” en la gestión de la especie” y ha añadido que “siguiendo lo estipulado en el plan, se vienen realizando censos poblacionales todos los años y estudios exhaustivos que nos hacen tener un gran conocimiento de la misma, adoptando medidas y decisiones fundamentadas siempre en criterios técnicos y científicos”.
Da Rocha Rodríguez ha subrayado igualmente que “a lo largo de todos estos años se han promovido subvenciones para fomentar la aplicación de medidas preventivas para proteger la cabaña ganadera, se han incentivado también las indemnizaciones por daños de la fauna salvaje, actualizando en varias ocasiones el propio baremo, la última este año con un notable incremento de las valoraciones introduciendo también nuevos conceptos como el lucro cesante o incrementando el número de bonificaciones que aumenta esa valoración y también finalmente remodelando la aplicación”.
Asimismo, ha remarcado que “bajó considerablemente el periodo medio de pago alcanzando en estos momentos los 90 días aproximadamente”. Para concluir, Da Rocha Rodríguez ha reiterado que el Principado mantendrá su línea de actuación para “a favor de un control de la especie que permita su conservación sin comprometer la viabilidad del sector agroganadero”.