El Defensor del Pueblo apuesta por un modelo de gestión del lobo “eficaz” que proteja “debidamente” a las explotaciones ganaderas y que, en lugar de centrarse en la eliminación física de ejemplares, dé prioridad a la prevención y a la compensación de los daños ocasionados.
Esta posición se recoge en su informe anual de 2025, que Ángel Gabilondo ha presentado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol. En el documento, la institución recalca que las indemnizaciones deben cubrir “de modo integral” los perjuicios provocados por los lobos, de forma que se materialicen en compensaciones “justas y rápidas”.
“Las cantidades deben de llegar a los afectados de manera ágil (sin incurrir en los plazos de hoy en día y que no son admisibles) y cubrir la suma de los gastos generados por los ataques, y no solo el mero valor del animal muerto o herido”, ha destacado el Defensor, subrayando la necesidad de agilizar los pagos y de que estos reflejen el coste real que soportan los ganaderos.
Asimismo, la institución considera imprescindible que la valoración económica del ganado se regule “debidamente”, revisando y adecuando a la realidad actual los baremos vigentes. Al mismo tiempo, plantea simplificar el procedimiento de verificación de los ataques, de forma que se reduzca su complejidad administrativa y se mejore su eficacia.
“Ha de contar, igualmente, con un sistema de apoyo en la financiación de las medidas de prevención de los ataques, sea a través de la utilización efectiva de los fondos ya existentes, sea con la adición de nuevos recursos para ello”, ha recalcado Gabilondo, reclamando más respaldo económico para las actuaciones preventivas.
En el informe también se alude al recurso de inconstitucionalidad que la institución interpuso el pasado verano contra tres disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que, en la práctica, rebajaban el nivel de protección del lobo.
Sobre este punto, el Defensor del Pueblo ha precisado que dicho recurso no implica una postura de fondo de la institución sobre la gestión de la especie, ya que, a su juicio, esta “debe basarse en los estudios y criterios científicos pertinentes y en el principio de precaución, así como dirimirse a través de los cauces establecidos para ello en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
“(Este recurso) expresa exclusivamente la conclusión del examen realizado sobre la constitucionalidad de las normas referida”, ha subrayado, acotando el alcance estrictamente jurídico de la iniciativa.
A pesar de ello, Gabilondo sostiene que es factible articular un enfoque alternativo al actual, que no enfrente “de manera irreconciliable” los intereses del sector productivo ganadero con la conservación y la pervivencia del lobo en el país, y que permita compatibilizar la protección de la fauna salvaje con la viabilidad económica de las explotaciones.