El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto-ley que prolonga durante todo 2026 el llamado “escudo social”. El paquete incluye, entre otras medidas, la moratoria de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de cortar suministros esenciales (luz, gas natural y agua) a consumidores vulnerables y la continuidad del bono social eléctrico.
La norma incorpora también la subida general de las pensiones contributivas del 2,7% en 2026, así como el incremento de las pensiones mínimas, que se situará entre el 7% y el 11,4%. Además, se mantienen los incentivos fiscales dirigidos a particulares y empresas para la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga y la realización de obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios.
El decreto “ómnibus” aprobado este martes introduce una exención para las ayudas personales percibidas por los damnificados por los incendios forestales del pasado verano. Paralelamente, se extienden las ayudas a los afectados por la DANA y a la reconstrucción de los municipios dañados, con nuevas exenciones en IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para profesionales y compañías afectadas.
El texto regula asimismo una cotización adicional específica que permitirá a los agentes medioambientales y a los bomberos forestales adelantar su edad de jubilación. En el ámbito sanitario, se amplía un año más la posibilidad de que los médicos de familia, pediatras y facultativos de atención primaria compatibilicen el cobro de la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, la nueva ministra portavoz, Elma Saiz, ha expresado su confianza en recabar los apoyos necesarios en el Parlamento para convalidar el decreto, recordando que muchas de las medidas ya se extendieron a 2025 con el respaldo de la Cámara.
“El Gobierno trabaja con el afán de aprobar todas estas medidas y seguir trabajando para alcanzar los consensos necesarios para ello”, ha reiterado la ministra.
Prórroga de la protección frente a desahucios y cortes de suministros
En el detalle de las medidas sociales, se prolonga durante 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como las compensaciones económicas correspondientes para propietarios y arrendadores que se vean afectados.
En el ámbito de la energía, el real decreto-ley mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de electricidad, gas natural y agua para consumidores con condición de vulnerables. También se conservan los actuales niveles de descuento del bono social eléctrico, fijados en el 42,5% para consumidores vulnerables y en el 57,5% para vulnerables severos.
Incentivos energéticos y exenciones fiscales por incendios y DANA
Entre las medidas que se extienden hasta finales de 2026 figuran los beneficios fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, manteniendo las deducciones en IRPF de hasta el 15%. Igualmente, continúan las deducciones del 20%, 40% o 60% por obras de eficiencia energética destinadas a rehabilitar viviendas o edificios.
El decreto incorpora una nueva exención en el IRPF para las indemnizaciones por daños personales derivados de los incendios forestales del último verano en varias comunidades autónomas. Además, se prorrogan las ayudas para la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, que se complementan con exenciones en IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas que hayan sufrido daños.
Con el objetivo de apuntalar la reconstrucción, se extiende hasta 2026 la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para que pueda formalizar nuevas operaciones de endeudamiento.
Cambios fiscales para desempleados y autónomos
El decreto prevé también la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, con el fin de que no vean reducidos sus recursos respecto a 2025 mientras siga en vigor la prórroga presupuestaria.
En el terreno tributario, la norma elimina la obligación de presentar la declaración del IRPF para los perceptores de la prestación por desempleo. Asimismo, se mantiene durante 2026 el régimen de límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de los autónomos, así como para los regímenes simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA.