El Gobierno mantendrá este lunes una batería de reuniones con el conjunto del sector agroalimentario y pesquero con el fin de estudiar la coyuntura actual y valorar posibles actuaciones que amortigüen el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, que ya se deja notar entre agricultores, ganaderos y pescadores.
En primer lugar, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abrirá por la mañana la ronda de contactos con los representantes del sector pesquero, en un encuentro con la patronal Confederación Española de Pesca (Cepesca) y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).
La patronal pesquera ha adelantado que aprovechará esta cita para exigir al Ejecutivo la puesta en marcha urgente de medidas compensatorias que permitan sostener la actividad y evitar problemas en el abastecimiento de pescado, después de haber alertado del riesgo de paradas en la flota por el fuerte encarecimiento de los costes de producción.
Entre las propuestas que trasladarán figuran la implantación de mecanismos para abaratar el combustible de los buques, elevar los topes de ayudas estatales por embarcación, y estudiar una suspensión o reducción temporal del IVA de los productos pesqueros, con el objetivo de aliviar la presión económica sobre el sector y el conjunto de la cadena de valor.
Tras la reunión con el sector pesquero, Planas, junto al ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, se verá a las 13.30 horas en la sede de Economía con representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), así como de los sectores de fertilizantes y piensos.
La agenda continuará por la tarde, a partir de las 18.00 horas, en el Ministerio de Agricultura, donde Planas se reunirá con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, además de con portavoces de cooperativas agroalimentarias.
Esta nueva ronda de contactos se produce después de que el pasado jueves el Gobierno se sentara con sindicatos y patronal para analizar las medidas de protección económica y social ante el impacto del conflicto en Oriente Próximo, desencadenado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
En esa reunión de alto nivel con los agentes sociales participaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Tras el encuentro, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó que el Ejecutivo ultima un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, que incluirá medidas fiscales destinadas a contener los precios de la energía y ayudas específicas para dos de los sectores más golpeados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.
Lo que el Ejecutivo parece dejar fuera, aunque Cuerpo ha subrayado que siguen analizando todas las opciones, es la recuperación de la bonificación generalizada al combustible aplicada durante la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, así como una nueva rebaja del IVA de los alimentos.
Sobre el diseño del paquete, el ministro aseguró que se prestará una "atención especial" a los sectores más afectados por la crisis, en particular al campo y al transporte por carretera.
Junto a estas medidas, Cuerpo detalló lo que denomina el "esqueleto" del plan del Gobierno frente a las posibles derivadas del conflicto en Oriente Próximo, que se apoyará en el "rigor", la "responsabilidad" y la "flexibilidad" para ir ajustando las actuaciones en función de la evolución geopolítica y económica.
Ese esquema se articula en torno a cuatro grandes ejes: medidas de carácter estructural que profundicen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo "un seguro de vida" para amortiguar la crisis, y actuaciones orientadas a la "minimización" del impacto en los costes de la electricidad y de la energía, básicamente a través de instrumentos fiscales.