La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha subrayado la relevancia de la flota pesquera española que faena en aguas internacionales, al considerarla un ejemplo de que es posible mantener la competitividad cumpliendo las regulaciones más estrictas a nivel global.
“Allí donde opera la flota española, se proyectan estándares elevados de sostenibilidad, control, condiciones laborales y seguridad alimentaria”, ha asegurado Artime durante la clausura de la jornada “Hands for the Oceans”, organizada por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac).
En este encuentro, la organización ha dado a conocer la actualización de la norma UNE 195006, el estándar de Atún de Pesca Responsable (APR), que certifica las mejores prácticas en la captura de atunes tropicales por parte de buques cerqueros congeladores y que se aplica al conjunto de su flota, integrada por casi 50 barcos.
La revisión de esta norma incorpora por primera vez exigencias específicas en materia de condiciones laborales, de forma que no solo se protege el medio marino, sino que también se salvaguardan los derechos de la tripulación mediante protocolos frente al acoso y sistemas formales de gestión de quejas.
En su intervención, la secretaria general de Pesca ha destacado que la inclusión de cláusulas sociales en esta certificación UNE representa un avance clave para llevar estos principios a la práctica diaria de toda la cadena de valor. “Garantizar condiciones justas de trabajo, remuneración adecuada, protección social y seguridad en el mar no es solo una obligación ética, es un requisito para que la industria sea verdaderamente sostenible”, ha asegurado.
Por su parte, el director general de Opagac, Julio Morón, ha incidido en la dimensión social de la sostenibilidad. “La sostenibilidad no es solo una cuestión medioambiental, también es social”. “No podemos hablar de pesca responsable si no garantizamos condiciones laborales dignas y el respeto efectivo a los derechos humanos en alta mar. Precisamente ahí es donde la flota atunera española marca la diferencia, sometiéndose voluntariamente a estándares exigentes, auditorías independientes y mecanismos de control permanentes que aseguran transparencia y buenas prácticas”, ha indicado.
Durante la jornada se ha dado a conocer también el estudio “Qué sabemos de lo que comemos del mar”, centrado en analizar cómo se comportan los consumidores españoles de productos pesqueros, así como su nivel de información, confianza y sensibilidad social respecto a lo que adquieren.
El informe revela que, pese al esfuerzo de la flota atunera española en el ámbito social, ocho de cada 10 consumidores en España declaran otorgar bastante o mucha importancia al impacto social de sus compras. No obstante, a la hora de elegir, el sabor y el precio siguen siendo los factores determinantes, mientras que las condiciones laborales se sitúan en último lugar entre los criterios de decisión.
Aun así, el estudio señala que el 57,7% de los españoles estaría dispuesto a asumir un precio más elevado por productos pesqueros que garanticen mejores condiciones laborales para los pescadores.
En cuanto a quién debe asumir la responsabilidad de asegurar una pesca responsable, algo más de la mitad de los encuestados (56,7%) la atribuye principalmente a las administraciones públicas, tanto gobiernos como Unión Europea. La generación Z, en cambio, dirige la atención hacia las empresas (34,95%) y las cadenas de distribución (22,33%). Además, el 79,3% de la ciudadanía considera que los supermercados son actores fundamentales para impedir la comercialización de productos obtenidos en condiciones infrahumanas.
El Ministerio que encabeza Luis Planas ha recordado que, en el marco de la campaña “Alimentos de España”, se desarrollan iniciativas para impulsar el consumo de pescado y resaltar sus propiedades nutricionales, su calidad y su papel en una dieta equilibrada.
Artime ha insistido en la importancia de reconocer la labor del sector pesquero y de sus profesionales, al señalar que “defender el consumo responsable de pescado es también defender el empleo, el tejido productivo y la identidad marítima del país”.