El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido por videoconferencia los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, donde ha anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas nuevas líneas de trabajo conjunto para optimizar la gestión de la sanidad vegetal. Con ello se pretende facilitar al sector agrario el acceso a los sistemas más avanzados de control de plagas.
En este contexto, Planas ha confirmado que España trasladará a la Unión Europea la urgencia de revisar la normativa comunitaria sobre productos fitosanitarios, al entender que el actual modelo de autorización no ofrece herramientas suficientes ni ágiles para los agricultores, lo que ha obligado a recurrir con mayor frecuencia a autorizaciones excepcionales.
El Ministerio de Agricultura colaborará con las autonomías para detectar y abordar las principales incidencias fitosanitarias observadas en la última campaña, garantizando en todo momento la seguridad alimentaria.
Durante la sesión, Planas ha advertido a los consejeros de las comunidades autónomas del error que supone utilizar la sanidad agraria como elemento de confrontación política.
En el consultivo, el titular de Agricultura ha trasladado a los responsables autonómicos los puntos del orden del día del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea y de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Planas ha recalcado que España seguirá defendiendo en Europa una Política Agraria Común (PAC) robusta, con una financiación adecuada, reglas comunes bien definidas y un planteamiento que garantice la estabilidad del sector agrario y la igualdad de condiciones entre los agricultores de todos los Estados miembros.
Así, en el Consejo de Ministros de la UE del próximo lunes, España, junto con Portugal, propondrá fijar disposiciones transitorias entre la actual PAC y la futura reforma, con el fin de asegurar la continuidad de las intervenciones sectoriales en los sectores vitivinícola y de frutas y hortalizas. Se busca dar seguridad jurídica y evitar parones en la ejecución de los programas, especialmente en inversiones plurianuales y convocatorias que requieren planificación con antelación.
Además, Planas ha señalado que defenderá un enfoque “gradual y realista” para la transición energética en la pesca y la acuicultura, ante la ausencia de alternativas de cero emisiones plenamente operativas para el conjunto de la flota.
Igualmente, ha reiterado la conveniencia de revisar el marco normativo europeo para facilitar la introducción de nuevas tecnologías y la modernización de los barcos. En particular, ha abogado por revisar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para permitir la financiación de buques de más de 24 metros y actualizar el concepto de capacidad recogido en el Reglamento de la Política Pesquera Común. Estas modificaciones, ha indicado, deben abordarse en coordinación con el propio sector y en el marco del próximo presupuesto comunitario.
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha analizado la posibilidad de incrementar globalmente la asignación de fondos destinada a los programas de promoción del vino en mercados de países terceros.
Este aumento, que podrá llegar hasta el 60% en las comunidades que así lo decidan, se apoya en la reciente reforma del reglamento europeo —de aplicación directa en los Estados miembros— que eleva el porcentaje máximo de cofinanciación desde el anterior límite del 50%.
La revisión de la ayuda implica una mejora respecto a la asignación aprobada en enero de 2026 para los programas de promoción que han presentado solicitud y permitirá intensificar la presencia del vino español en los mercados internacionales.
Asimismo, se ha dado luz verde a la redistribución de fondos de desarrollo rural entre las comunidades autónomas con mayor nivel de ejecución en 2023, que, con la regla N+2, se ha prolongado hasta 2025 y deberá aplicarse por primera vez en 2026.