El Gobierno mantendrá este lunes una batería de reuniones con el conjunto del sector agroalimentario y pesquero para examinar el escenario actual y valorar posibles actuaciones que permitan amortiguar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo, que ya se deja notar en agricultores, ganaderos y pescadores.
En primer lugar, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abrirá por la mañana la ronda de contactos con los representantes del sector pesquero, en un encuentro con la patronal Confederación Española de Pesca (Cepesca) y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).
La patronal pesquera ha adelantado que aprovechará la cita para exigir al Ejecutivo la puesta en marcha urgente de medidas compensatorias que permitan sostener la actividad de la flota y evitar problemas en el abastecimiento de pescado, ante el riesgo de paradas por el fuerte encarecimiento de los costes de producción.
Entre las reclamaciones que plantearán figuran la creación de mecanismos para reducir el coste del combustible de los barcos, elevar los topes de ayudas públicas por buque y no por empresa, y estudiar una suspensión o rebaja temporal del IVA de los productos de la pesca con el fin de aliviar la presión económica sobre el sector y el conjunto de la cadena de valor.
Una vez concluida la reunión con los representantes pesqueros, Planas, junto al ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, se verá a última hora de la mañana (13.30 horas) en la sede de Economía con los portavoces de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), así como de los sectores de fertilizantes y piensos.
La agenda continuará por la tarde. A partir de las 18.00 horas, en el Ministerio de Agricultura, Planas se reunirá con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, además de con representantes de cooperativas agroalimentarias.
Protección económica
Esta cadena de encuentros se produce después de que el pasado jueves el Gobierno se sentara con sindicatos y patronal para tratar las medidas de protección económica y social frente al impacto de la crisis en Oriente Próximo, desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
En aquella reunión de alto nivel con los agentes sociales participaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Tras ese encuentro, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó que el Ejecutivo trabaja en un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, que incluirá medidas fiscales para contener el encarecimiento de la energía y apoyos específicos para dos de los sectores más golpeados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.
Por ahora, el Gobierno parece alejar la opción de reimplantar una bonificación generalizada al combustible, similar a la aplicada durante la guerra de Ucrania de 20 céntimos por litro, así como una nueva rebaja del IVA de los alimentos, aunque Cuerpo ha precisado que todavía se están analizando todas las alternativas.
En relación con el contenido del paquete, el ministro aseguró que se prestará una “atención especial” a los sectores más perjudicados por la coyuntura, en particular al campo y al transporte por carretera.
Junto a estas iniciativas, Cuerpo detalló lo que denomina el “esqueleto” del plan del Gobierno ante las posibles derivadas del conflicto en Oriente Próximo, que se apoyará en el “rigor”, la “responsabilidad” y la “flexibilidad” para ir ajustando las medidas conforme evolucione la situación geopolítica y económica.
Ese armazón se articula en torno a cuatro ejes: actuaciones de carácter estructural que profundicen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo “un seguro de vida” para amortiguar la crisis, y medidas orientadas a la “minimización” del impacto del coste de la electricidad y de la energía, que serán fundamentalmente de tipo fiscal.