El acuerdo UE-Mercosur tiene un efecto “muy limitado” sobre la producción balear, de acuerdo con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern autonómico.
Según explican fuentes del departamento que encabeza Joan Simonet, los grandes tratados de comercio internacional respaldan la estrategia de Baleares de reforzar la salida al mercado del producto local.
Para la Conselleria, la cercanía y el origen de los alimentos son elementos clave para conectar con el consumidor, al constituir el principal factor diferencial frente a las grandes producciones procedentes de otros Estados.
Por ello, el Ejecutivo balear pretende impulsar “más que nunca” el sello de producto local, la venta directa y los circuitos cortos de comercialización, además de consolidar este tipo de artículos en los mercados europeos.
La Eurocámara llevará el acuerdo ante el TJUE
El pleno del Parlamento Europeo decidió este miércoles, por un margen de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. Este paso congela en la práctica el proceso de ratificación, aunque no impide su posible aplicación provisional, que quedaría en manos de la Comisión Europea.
La iniciativa para solicitar un dictamen jurídico al Alto Tribunal, impulsada por la izquierda europea, prosperó con 334 votos favorables, 324 en contra y 11 abstenciones. En cambio, una segunda propuesta similar, promovida por la ultraderecha de Patriotas por Europa, fue rechazada con 225 apoyos, 402 votos en contra y 13 abstenciones.
“Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo. Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace”, celebró tras la votación la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry. La propuesta llegó al pleno respaldada por eurodiputados de hasta cinco grupos políticos.
“Esta votación envía un claro mensaje a la Comisión y al Consejo: Europa no puede seguir sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio”, afirmó a continuación la eurodiputada ecologista responsable del expediente, Saskia Bricmont.
Desde el Partido Popular Europeo (PPE), el portavoz en materia comercial, el eurodiputado Jörgen Warborn, censuró la decisión al entender que obedece a motivos “políticos” más que jurídicos, con la intención de “bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia”.
Tras este movimiento, el TJUE deberá pronunciarse sobre la base jurídica tanto del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como del acuerdo comercial interino (ACI), cuya competencia es exclusiva de la Unión Europea. La Eurocámara aguardará el dictamen del Tribunal con sede en Luxemburgo antes de votar en pleno la aprobación o rechazo del pacto, aunque los eurodiputados pueden seguir avanzando en su análisis.
Pese a que el proceso de ratificación queda en pausa, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de activar la aplicación provisional del capítulo comercial, explican fuentes comunitarias citadas por Europa Press, una vez que al menos uno de los países de Mercosur complete su tramitación interna.
La Comisión Europea --cuya presidenta, Ursula von der Leyen, viajó el domingo a Paraguay para firmar el acuerdo comercial y lo defendió este mismo miércoles ante el pleno como un momento “histórico”-- se ha limitado tras la votación a lamentar la decisión y a anunciar que estudiará el escenario antes de ofrecer una valoración más detallada.
El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, señaló en rueda de prensa que, para Bruselas, la decisión de la Eurocámara de acudir al TJUE “no está justificada”, al considerar que ya se han adoptado medidas a nivel europeo para responder a las inquietudes planteadas por los eurodiputados.
Interrogantes sobre la legalidad del pacto
Entre las cuestiones que el Parlamento Europeo quiere que aclare el Tribunal de Luxemburgo figura el mecanismo de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur impugnar normas europeas que juzguen perjudiciales para sus exportaciones. Los eurodiputados temen que choque con la autonomía reguladora de la UE y sus Tratados y que debilite el marco normativo comunitario.
También ponen en duda la facultad de la Comisión Europea para desdoblar el acuerdo en dos instrumentos, uno político y de cooperación y otro estrictamente comercial, al interpretar que se trató de una maniobra para facilitar su firma, dado que el componente comercial solo requiere ratificación europea --y no de los parlamentos nacionales-- para poder aplicarse de forma provisional.
Con esta vía, Bruselas evitó la exigencia de unanimidad y obtuvo el visto bueno de los Veintisiete para rubricar el pacto comercial el domingo en Asunción, gracias a un mandato aprobado por mayoría cualificada, pese a la oposición de alrededor de media docena de Estados miembros, entre ellos Francia, Irlanda y Polonia. El Ejecutivo francés, de hecho, ha aplaudido la decisión de la Eurocámara al entender que respalda la posición defendida por París.