El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este miércoles a la nueva Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que ha salido adelante únicamente con los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular.
Según destacó la Junta cuando el Consejo de Gobierno dio su visto bueno al proyecto el pasado mes de noviembre, la gran aportación de la norma es que "prepara al sector forestal para los retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas".
La LEMA viene a reemplazar a la Ley Forestal de Andalucía de 1992, anterior incluso a la legislación básica estatal de 2003, y da cumplimiento al mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su última actualización remarca "la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz".
El texto legal se organiza en siete títulos y recoge 144 artículos, además de varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, con las que se completa el nuevo marco regulador.
Entre los cambios más relevantes figura la "modernización" de la cooperación entre administraciones. La ley "consolida los convenios de cooperación entre la administración forestal autonómica y las entidades locales, garantizando la autonomía municipal y la corresponsabilidad en la gestión de los montes de titularidad local".
En materia de participación social, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que toma el relevo del anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad. Este órgano renovado "amplía sus funciones y se adapta a las exigencias actuales de planificación, gestión y conservación, sirviendo como foro de encuentro entre administraciones, sector forestal y sociedad civil".
Asimismo, el hasta ahora Catálogo de Montes de Andalucía pasa a llamarse Registro de Montes Públicos de Andalucía. Con este cambio, la Junta pretende que, "evita confusiones y establece una distinción clara entre los montes de carácter demanial y los patrimoniales, cada uno con su régimen jurídico propio".
La norma también armoniza el sistema de usos y aprovechamientos, así como los procedimientos de deslinde y recuperación posesoria, y establece que "todos los montes de titularidad autonómica se incluyan en el registro, reforzando su protección y garantizando su preservación como patrimonio forestal de todos los andaluces".
Otra de las novedades es la introducción de la figura del monte protector para fincas privadas, "en consonancia con la legislación básica estatal". Desde el Gobierno andaluz sostienen que este estatus permite "incentivar la conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una gestión más sostenible".
Por primera vez, la ley dedica un título completo a la información forestal, que abarca la recogida de datos, la estadística y las labores de extensión forestal, con el objetivo de mejorar el conocimiento del medio.
El texto también recupera el Fondo de Mejoras, considerado una herramienta "histórica y crucial para la gestión de montes públicos catalogados", y pone en valor "el papel fundamental de las ciencias forestales como base del conocimiento y de la gestión sostenible".
La LEMA apuesta por la investigación, la experimentación y la transferencia tecnológica, incorporando nuevas técnicas ligadas a la digitalización y la inteligencia artificial para la conservación y gestión de los montes andaluces.
En este contexto, se prevé la puesta en marcha de la Red Muestra, compuesta por montes públicos y privados que funcionarán como ejemplo de gestión sostenible, así como el diseño de un Programa de Divulgación Forestal destinado a acercar estos conocimientos a la ciudadanía.
La formación y la educación forestal ganan peso, impulsando la red de centros de capacitación y experimentación como espacios de referencia para la preparación de profesionales y la actualización de conocimientos técnicos. Paralelamente, se revisa la estrategia territorial con una nueva delimitación de comarcas forestales para lograr una gestión más eficaz y adaptada al terreno.
En cuanto a la gestión forestal sostenible, la LEMA "abre la puerta a nuevos modelos tipo de planificación y fomenta la certificación forestal, e incorpora un mecanismo innovador para que los productos forestales con valor de mercado generados en actuaciones de mejora computen en el presupuesto de la intervención, reduciendo el gasto público y poniendo en valor los recursos del monte como motor de bioeconomía rural".
La reducción de cargas administrativas constituye otro de los ejes de la norma. Numerosos trámites de autorización se sustituyen por declaraciones responsables, lo que, en palabras de la Junta, "agiliza las operaciones forestales y facilita la gestión de los propietarios".
El articulado "refuerza además el apoyo a la ganadería extensiva, reconociendo su importancia en la conservación de los ecosistemas forestales y en la prevención de incendios".
La ley también contempla que las tareas de repoblación, restauración y selvicultura activa se consideren "proyectos de absorción de emisiones, en línea con la normativa climática andaluza y estatal". Al mismo tiempo, se define por primera vez el concepto de servicios ambientales, fijando "las bases para un sistema justo de compensación a los titulares de terrenos forestales por los beneficios que sus montes aportan a la sociedad, como la captura de carbono, la protección del suelo o la regulación hídrica".
Fomento, innovación y colaboración público-privada
El texto otorga un papel destacado a la prevención y restauración frente a los incendios forestales, "reforzando el marco normativo que ya establece la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de 1999".
En el capítulo de fomento forestal, se prevén incentivos para las empresas, industrias y cooperativas que dispongan de personal cualificado, y se crea el Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales para ordenar este tejido productivo.
El respaldo a la modernización del sector se configura como una de las "líneas estratégicas" de la ley. Entre otras medidas, se contemplan ayudas específicas para renovar la maquinaria forestal, impulsar la innovación y la digitalización, y elevar la competitividad de las industrias andaluzas vinculadas a la madera, el corcho y otros productos del monte.
La LEMA fomenta además la colaboración público-privada mediante la creación de entidades selvícolas de colaboración, que se encargarán de ejecutar actuaciones de gestión forestal sostenible por encargo de la administración o de los propietarios, con el objetivo de acortar plazos y mejorar los resultados.
Por último, el texto fija un régimen de responsabilidades "proporcionado y equilibrado, orientado a prevenir, minimizar o restaurar los daños que puedan producirse, reforzando la defensa de la integridad de los montes andaluces".
Afrontar "los retos del siglo XXI" al derogar una ley de 1992
En la recta final del debate parlamentario, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, recalcó que se trata de una norma que "afecta a más de la mitad del territorio andaluz", además de ser una "ley muy técnica", con la "doble ambición" de "proteger mejor nuestros montes y gestionarlos de forma más eficaz, sostenible".
Tras reconocer la labor de su antecesor en el cargo, el también consejero Ramón Fernández-Pacheco, la titular de Sostenibilidad incidió en que la nueva regulación permite encarar "los retos del siglo XXI" al sustituir a una ley aprobada en 1992, y destacó que "se simplifican procedimientos administrativos" al tiempo que se refuerza la "seguridad jurídica".