El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde, con el respaldo de PP y Vox, a una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a adoptar “medidas urgentes” para contener la plaga de pulgón que afecta al Levante almeriense. La iniciativa reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una autorización extraordinaria de un fitosanitario que tiene como sustancia activa el spirotetramat.
Durante el debate en el pleno, la diputada andaluza del PP, Ángeles Martínez, ha subrayado la “preocupación” existente en el campo por una plaga que, según ha indicado, “está arrasando cultivos de lechuga en una de las zonas productoras más importantes de Europa”.
Martínez ha explicado que, “en las últimas semanas los agricultores nos han trasladado su enorme inquietud por una plaga que está invadiendo todas las cosechas de lechuga y que pone en riesgo la estabilidad de un sector clave para nuestra provincia”.
En su intervención, la parlamentaria popular ha confrontado la actuación del Ejecutivo español con la de otros socios comunitarios. Ha remarcado que “mientras Francia, Alemania, Italia o Eslovenia han autorizado este producto de forma excepcional, en España el Gobierno lo ha denegado y propone alternativas que no están funcionando”.
También ha puesto en valor el carácter “estratégico” del Levante almeriense dentro del sector agroalimentario europeo, recordando que en determinados periodos del año se llega a exportar “el 70 por ciento de la lechuga que se consume en Europa”.
Según ha detallado, “estamos hablando de un sector que genera empleo, fija población en el medio rural y sostiene la economía de municipios como Pulpí, donde más de 5.000 personas trabajan directamente en la agricultura y se alcanza prácticamente el pleno empleo”.
Desde Vox, el portavoz de la Comisión de Agricultura, Alejandro Hernández, ha anunciado su respaldo a la PNL, aunque ha señalado que se trata de un “parche” frente a una decisión originada en las instituciones comunitarias. A su juicio, “el problema está en el Pacto Verde Europeo”, y ha reprochado el apoyo del PP europeo a la retirada de fitosanitarios “sin alternativas reales”.
Por otro lado, el diputado socialista andaluz Mateo Hernández ha remarcado que la Junta de Andalucía es la administración competente en materia de control de plagas vegetales y dispone de un “amplio campo de actuación” para poner en marcha los procedimientos necesarios.
Hernández ha considerado que “no es aceptable el bajo nivel de ejecución” y ha reprochado que el último año “han dejado de gastar más de 500 millones de euros” en actuaciones preventivas. Ha recordado igualmente que la autorización de productos fitosanitarios se rige por la normativa de la Unión Europea, que permite el uso “excepcional” de la sustancia activa reclamada hasta diciembre de 2025.
En esta línea, ha expresado la voluntad del PSOE andaluz de respaldar “soluciones reales y viables para todos los agricultores”. Ha añadido que “siempre que ha sido posible y está debidamente justificado, estas autorizaciones han sido concedidas por el Gobierno de España”.