El Parlamento ha dado luz verde en la comisión de pesca, gracias a los votos favorables del PP y la abstención del resto de grupos, a una iniciativa para "paralizar" cualquier propuesta de catalogación estatal de la anguila en el nivel de máxima protección.
En concreto, la proposición reclama mantener esta paralización "hasta evaluar de forma objetiva y diferenciada los resultados de los planes autonómicos de gestión existentes".
En un segundo apartado, el texto solicita el reconocimiento "expreso" del papel de las comunidades autónomas que han puesto en marcha modelos "eficaces" de gestión "sostenible", incorporando sus datos científicos y su experiencia al proceso de toma de decisiones.
Del mismo modo, la iniciativa pide asegurar "que cualquier decisión futura se base en análisis científicas diferenciadas por cuencas hidrográficas, evitando decisiones generalistas que no respondan a la realidad biológica de cada territorio".
Además, se plantea dar prioridad a la lucha contra el furtivismo y el tráfico ilegal internacional "como prinicpal ejee de recuperación de la especie" y, finalmente, se insta a valorar "previamente" el impacto socioeconómico de "cualquier medida restrictiva" sobre las comunidades locales "que dependen de esta actividad tradicional".
Sardina y relaciones comerciales con Marruecos
Por otro lado, y también a propuesta del PP, la Cámara acuerda --en esta ocasión con el respaldo del PSdeG y la abstención del BNG-- dirigirse al Gobierno central para "iniciar de manera inmediata gestiones diplomáticas con el Gobierno del Reino de Marruecos para solicitar la paralización de la prohibición de exportación de sardina y el restablecimiento normal de los flujos comerciales hacia la Unión Europea".
El documento aprobado reclama el respeto y la aplicación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, "evitando decisiones unilaterales que perjudiquen gravemente a sectores productivos europeos y, en particular, a la industria conservera gallega".
Asimismo, insta a que este conflicto se eleve a la Comisión Europea "con el fin de que adopte las medidas necesarias para defender los intereses del sector transformador y garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes".
Por último, el Parlamento solicita que se informe de las gestiones realizadas tanto a la Xunta como al conjunto del sector conservero, "coordinando posibles medidas de apoyo en caso de persistir la situación".