El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes las cláusulas de salvaguarda agrícolas negociadas entre los 27 y la Comisión Europea, condición imprescindible para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur. Este pacto podrá comenzar a aplicarse de forma provisional en los próximos meses si así lo decide el Ejecutivo comunitario, después de haberse rubricado el pasado mes de enero.
Estas salvaguardas buscan reforzar la defensa del sector agrario europeo frente a posibles distorsiones graves derivadas de la apertura del mercado a Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), especialmente en ámbitos sensibles como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar.
El Partido Popular, cuyo eurodiputado Gabriel Mato ha ejercido como ponente del informe en la Eurocámara, ha celebrado tras la votación que las nuevas reglas garantizarán “una protección real y efectiva para los agricultores” cuando entre en vigor el nuevo marco comercial con los países del Cono Sur. En un comunicado, la formación también ha subrayado que se trata de una medida “fundamental”, porque “permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible”.
El nuevo sistema fija umbrales concretos que permitirán a la Comisión Europea abrir investigaciones cuando se detecte un fuerte impacto en productos agrícolas sensibles de la UE y, en su caso, activar medidas específicas en un máximo de 21 días.
En diciembre, el Consejo y el Parlamento habían pactado inicialmente situar estos umbrales en el 8%, pero finalmente se han rebajado al 5%, tal y como defendía desde el principio la Eurocámara, para responder a las exigencias de Italia. El Gobierno italiano se había sumado al bloqueo de Francia y Polonia y frenó entonces la firma del acuerdo. Tras conseguir esta rebaja, el Ejecutivo de Giorgia Meloni levantó su veto, lo que permitió reactivar en enero el proceso para la firma del pacto.
Así, Bruselas intervendrá cuando las importaciones de productos sensibles aumenten de media un 5% y los precios desciendan en el mismo porcentaje durante un periodo de tres años, frente al umbral del 10% que había planteado la Comisión en su propuesta inicial.