El pleno del Parlamento Europeo ha decidido este miércoles, por un margen de apenas una decena de votos, elevar el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre sus posibles incompatibilidades con el Derecho comunitario. Este paso dejará en suspenso, en la práctica, el procedimiento de ratificación del tratado, aunque no implica necesariamente frenar su aplicación provisional, que queda en manos de la Comisión Europea.
La iniciativa para solicitar un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo, impulsada por la izquierda en la Eurocámara, ha prosperado con 334 votos favorables, 324 en contra y 11 abstenciones. En cambio, una segunda propuesta de contenido similar, esta vez promovida por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa, ha sido rechazada al recabar únicamente 225 apoyos, frente a 402 votos en contra y 13 abstenciones.
La Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula Von der Leyen, viajó el pasado domingo a Paraguay para firmar el acuerdo comercial y lo ha defendido este mismo miércoles ante el pleno como un momento “histórico”, ha reaccionado con cautela tras el resultado de la votación. El Ejecutivo comunitario se ha limitado a expresar que lamenta la decisión y que estudiará el nuevo escenario antes de ofrecer una valoración más detallada.
En una rueda de prensa posterior, el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha señalado que, desde la perspectiva de Bruselas, la decisión de la Eurocámara de recurrir al TJUE “no está justificada”, al considerar que ya se han adoptado medidas a escala europea para responder a las inquietudes y reservas planteadas por los eurodiputados en relación con el pacto con Mercosur.