El PP ha acusado este martes al Ejecutivo central de haber destinado los 20 millones de euros previstos para indemnizar los daños causados por el lobo a "incrementar el programa del coche eléctrico", el MOVES 3, "según consta en el documento que el propio Gobierno ha enviado a la oficina presupuestaria del Congreso".
Según los populares, "no solo incumple la normativa nacional y europea para permitir a las comunidades autónomas controlar los lobos, sino que además se queda con el dinero de los ganaderos que han perdido sus rebaños por ataques del lobo". El partido sostiene que las compensaciones no han llegado a las comunidades autónomas afectadas.
La diputada 'popular' Milagros Marcos ha señalado a Europa Press que estas compensaciones deberían haberse distribuido "durante el primer trimestre de 2025". También ha afirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha ofrecido ninguna explicación ni sobre la falta de transferencia ni sobre el hecho de que los fondos hayan sido "llevados al MOVES 3". "Esto lo hemos descubierto haciendo seguimiento de todos los movimientos presupuestarios", ha reprochado.
El cambio en la protección del lobo altera el modelo de gestión
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha explicado que en 2025 no transfirió a las comunidades autónomas los 9,5 millones de euros para compensar daños del lobo ibérico en la ganadería extensiva ni los 10,5 millones destinados a medidas preventivas en la gestión de la especie, tras la rebaja de la protección del lobo derivada de la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario en marzo del año pasado.
En una respuesta parlamentaria remitida la semana pasada, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento detalla que estas ayudas se encuadraban en un modelo de gestión basado en medidas preventivas, que "adquiría pleno sentido al estar la especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), en coherencia con su estado de conservación desfavorable".
No obstante, la modificación del estatus legal del lobo "supone un importante cambio de contexto". "El modelo de gestión del lobo cambia, al pasar a considerarse una especie cinegética en aquellas CCAA donde así se determine. De este modo, el modelo de gestión actual no se basa en la aplicación de medidas preventivas, sino en la extracción de ejemplares para mantener poblaciones reducidas, lo cual no es coherente con un estado de conservación desfavorable", ha subrayado el Ministerio.
En esta misma contestación, Transición Ecológica confirma que las partidas presupuestarias se dieron de baja en las cuentas del departamento en diciembre de 2025. Sin embargo, fuentes ministeriales apuntaron que el Ministerio mantendría los 20 millones de euros que se destinaban a estas ayudas y precisaron que se ha dialogado con los sectores afectados por los ataques de lobo para definir cuáles serán las prioridades a la hora de emplear esos recursos.
Tensiones entre el Gobierno y las CCAA a la espera del Constitucional
El choque entre Transición Ecológica y las comunidades autónomas por la gestión del lobo se remonta a 2021, cuando la especie pasó a formar parte del LESPRE, aunque el conflicto se intensificó el año pasado con la Ley de Desperdicio Alimentario, que en la práctica rebajó su protección y volvió a permitir su caza.
El departamento de Sara Aagesen se apoyó en el censo del lobo incluido en uno de los informes sexenales que España debía remitir a Bruselas antes del 31 de julio del año pasado. Según indicaron fuentes ministeriales en junio, hay entre 1.600 y 1.700 lobos en el territorio nacional --menos que el número de linces-- y la especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable, por lo que no puede ser sometida a "controles letales". Pese a ello, varias comunidades autónomas aprobaron planes de extracción, que distintas ONG ecologistas han recurrido ante los tribunales.
Debido a la Ley de Desperdicio Alimentario, el informe sexenal debe contar con el visto bueno de las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Varias autonomías aprobaron en este órgano un documento alternativo al de Transición Ecológica, que han remitido recientemente a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, defendiendo el "estado favorable" del lobo.
Durante los meses de junio y julio se celebraron varias Comisiones Sectoriales de Medio Ambiente, calificadas como bastante "broncas" por el PP, que gobierna en la mayoría de comunidades con presencia de lobo, entre ellas Castilla y León, que afronta elecciones este fin de semana.
La escalada de tensión culminó con la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial prevista para el 22 de julio, poco antes de que el Defensor del Pueblo presentara ante el Tribunal Constitucional un recurso contra los preceptos relativos al lobo en la Ley de Desperdicio Alimentario.
En su respuesta parlamentaria, Transición Ecológica detalla que en 2025 se han celebrado cuatro Conferencias de Medio Ambiente: entre el 24 y el 31 de enero (por procedimiento escrito), el 13 de febrero (presencial), del 2 al 10 de julio (por procedimiento escrito) y del 14 al 27 de noviembre (también por procedimiento escrito). En relación con el informe sexenal, el Ministerio indica que el documento aún no se ha elevado a la Conferencia Sectorial para su aprobación.
Asimismo, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo "representa un componente de inseguridad jurídica que aconseja esperar a su resolución para su envío". La Comisión Europea ya ha abierto un expediente sancionador contra España por este asunto, aunque Roswall apuntó en su visita al país a mediados de febrero que Bruselas "mantiene un diálogo" con el Gobierno sobre el envío del informe.
Mientras tanto, la ministra Sara Aagesen ha solicitado una actualización de los datos del censo de lobo tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y de las extracciones autorizadas por las comunidades autónomas en los últimos meses.