El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha arremetido contra la respuesta del Gobierno autonómico tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula los programas de control del lobo de 2022 y 2023. Le reprocha no haber solicitado una aclaración sobre si la suspensión del artículo 7 del decreto afecta solo a esos ejercicios o si se extiende a todo el plan, y denuncia que Asturias haya optado por “colgar las escopetas”, mientras Cantabria continúa abatiendo lobos.
A su entender, la decisión del Principado supone “rendirse”, “volver a ponerse del lado de quienes quieren sobreproteger al lobo” y dejar “prácticamente un año, hasta el otoño, sin poder actuar”, lo que, en la práctica, sitúa al lobo en “un pseudo-Lespre regional” por la “mala gestión, inoperancia y pasividad” del Ejecutivo encabezado por el socialista Adrián Barbón. “El consejero ha ordenado colgar las escopetas para no controlar la población de lobos”, ha subrayado.
Venta considera que el Gobierno regional ha optado por “tirar por el camino fácil” y ha contrapuesto la posición de Asturias con la de Cantabria, donde, pese a la resolución judicial, “se sigue procediendo a un programa de control de lobos sin problema”.
Críticas a la gestión y a las cifras del Principado
El parlamentario del PP ha acusado al Principado de “engaño continuo” en la política sobre el lobo, afirmando que “ha engañado deliberadamente a todos los ganaderos asturianos con el plan de control del lobo” tanto antes de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021 como después.
En rueda de prensa, ha insistido en que “no se ejecutaban los programas anuales” y se abatía “menos de la mitad” de los lobos previstos; que con el lobo en el Lespre se aprobaron programas de control y resoluciones “a sabiendas de que no podían llevarse a cabo”, y que, una vez salió del listado, se impulsó “tarde” un programa de control poblacional que “ha acabado antes de tiempo”.
Ha censurado que, de los 53 lobos previstos en el último plan, solo 31 fueran abatidos, de los cuales “el 50% tenían entre cinco y siete meses”, por lo que “en realidad solo se eliminaron 15 lobos que atacaban a la cabaña ganadera”. “Que no nos cuente las milongas de los muertos y de los envenenados y de los atropellados”, ha remachado.
Venta ha calificado de “especialmente sonrojante” que en el Oriente de Asturias se planeara actuar sobre 12 ejemplares y únicamente se cazaran dos. “La gran actuación del Gobierno de Barbón para proteger a las ganaderías del oriente son dos lobos”, ha lamentado.
Aumento de ataques, daños e indemnizaciones
Como muestra de ese supuesto “engaño”, ha destacado que los animales muertos por ataques de lobo han pasado de 2.922 en 2019 a 3.587 en 2025, “un 23% más desde que Barbón es presidente”, y ha definido el programa anual de control como “un brindis al sol, una estafa política en las formas y en el fondo”.
Según ha añadido, los expedientes por daños también se han incrementado y las indemnizaciones habrían pasado de alrededor de 836.000 euros en 2019 a unos 2 millones en 2025, lo que, a su juicio, evidencia que “los daños crecen y el lobo se protege”.
El parlamentario del PP ha indicado igualmente que se autorizaron más de 250 cacerías en reservas regionales de caza y que “hasta el 13 de febrero, no habían abatido ni un solo lobo en ninguna reserva de caza”; además, las batidas específicas con voluntarios y cazadores no llegaron a celebrarse, algo que atribuye a “trabas burocráticas y cláusulas de confidencialidad” que desincentivaron la participación.
Venta ha concluido que los datos ofrecidos por el consejero Marcelino Marcos constituyen “una auténtica tomadura de pelo aderezada con datos para adornar las cifras”.