El grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley (PNL), suscrita entre otros por los aragoneses Víctor Ruiz de Diego, Begoña Nasarre y Herminio Sancho, en la que plantea que las distintas Administraciones públicas refuercen su coordinación para impulsar la formación de todos los agentes vinculados al fuego bacteriano, una patología que afecta de forma especial a los frutales, con el fin de mejorar la detección temprana, la gestión del riesgo y la correcta aplicación de las medidas fitosanitarias obligatorias.
Con esta propuesta, el PSOE reclama “actuar con mayor determinación” frente al fuego bacteriano en frutales de pepita, “reforzando la coordinación técnica, el intercambio de información operativa y la armonización de criterios, incluyendo la actualización y difusión de protocolos de actuación ante episodios de especial vulnerabilidad del cultivo”.
Asimismo, los socialistas plantean “favorecer la difusión de recomendaciones operativas y criterios técnicos compartidos --con las comunidades autónomas-- para mejorar la respuesta coordinada frente a la enfermedad y reforzar la eficacia de las medidas de prevención y control”.
En la exposición de motivos de la PNL, el PSOE subraya que la fruticultura de pepita es “un pilar de la economía agraria en numerosas comarcas” y que “sostiene empleo y actividad en el medio rural” al tiempo que “contribuye al abastecimiento regular de alimentos de calidad”.
En este sentido, remarcan que “su estabilidad depende, en buena medida, de una sanidad vegetal sólida y de la capacidad de anticipación y respuesta ante riesgos que comprometen la viabilidad de las explotaciones, a través de protocolos claros, detección precoz y una coordinación eficaz entre administraciones públicas, con pleno respeto al reparto competencial”.
Características del fuego bacteriano y marco normativo
En el texto, recuerdan que el fuego bacteriano “es una enfermedad causada por la bacteria Erwinia amylovora, que afecta fundamentalmente a plantas de la familia de las rosáceas, produciendo daños directos en explotaciones de frutal de pepita en general, y en manzano y peral en particular, así como en plantas ornamentales y silvestres de dicha familia”.
Se incide en que “tiene consideración de plaga cuarentenaria para las zonas protegidas así establecidas para la misma, según el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072, de condiciones uniformes, y de plaga regulada no cuarentenaria para todo el territorio de la Unión Europea”.
A nivel estatal, el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, define el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas. De acuerdo con el reparto competencial derivado de la Constitución y de la Ley de Sanidad Vegetal, las comunidades autónomas “son responsables de la sanidad vegetal en sus respectivos territorios y por consiguiente de adoptar las medidas y recomendaciones necesarias, en su caso, para hacer frente a las plagas”.
En este contexto, se remarca que “la experiencia acumulada en la gestión de plagas reguladas pone de relieve la importancia de reforzar la cooperación técnica continuada, el intercambio de información operativa y la armonización de criterios de actuación, especialmente en escenarios de presión fitosanitaria o tras episodios meteorológicos que incrementan la vulnerabilidad del cultivo”.
Para ello, se señala que “el Comité Fitosanitario Nacional constituye un cauce adecuado para articular, de común acuerdo, espacios de coordinación técnica entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, favoreciendo la puesta en común de protocolos y la difusión de recomendaciones operativas”.
Del mismo modo, se apunta que “el avance del conocimiento aplicado y de la innovación permite disponer, en contextos tasados, de herramientas complementarias, cuya correcta utilización exige formación específica, criterios operativos compartidos y una adecuada coordinación técnica entre administraciones”.
Situación en la Comunidad de Calatayud y papel de Aragón
Desde esta perspectiva general, los socialistas destacan que “la situación registrada en la Comarca Comunidad de Calatayud ilustra con claridad la trascendencia de disponer de una respuesta coordinada, temprana y técnicamente solvente”.
Explican que “en los últimos meses, el sector ha trasladado su preocupación por la incidencia del fuego bacteriano en plantaciones de peral, intensificada tras episodios meteorológicos adversos, y ha estimado que alrededor de 400 hectáreas podrían verse gravemente comprometidas”.
Ante este escenario, se afirma que esta circunstancia “aconseja reforzar la coordinación técnica, la formación operativa y la difusión de criterios comunes para contener la propagación y reducir pérdidas, dentro del marco normativo y competencia aplicable”.
Los servicios responsables de las comunidades autónomas, y en este caso del Gobierno de Aragón, “disponen de información sobre la incidencia de la plaga en su territorio”.
En la PNL se señala también que “Aragón no tiene consideración de zona protegida para esta enfermedad”. Además, se recuerda que, conforme a la Ley de sanidad vegetal, “los titulares de las explotaciones tienen la obligación de mantener sus cultivos, plantaciones y cosechas, al así como las masas forestales y el medio natural, en buen estado fitosanitario para defensa de las producciones propias y ajenas, y la de aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga”.
Por último, se indica que “en este sentido, cabe mencionar que las comunidades autónomas en sus respectivos territorios están facultadas a establecer ayudas en materia de sanidad vegetal”, concluyen los socialistas.