Las organizaciones agrarias La Unión de Extremadura, UPA-UCE Extremadura, Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja, junto a las entidades que integran la Plataforma del sector arrocero extremeño, Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito, han unido fuerzas este viernes en una protesta conjunta ante la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para denunciar la situación “al límite” y “crítica” que vive actualmente el cultivo del arroz en la región.
En la movilización no se han exhibido siglas de las distintas organizaciones convocantes, aunque sí numerosas banderas de Extremadura. Los asistentes han desplegado una gran pancarta con el mensaje 'Paella española con arroz de Camboya' y han arrojado arroz frente a la sede de la Delegación como gesto simbólico de la protesta.
En atención a los medios de comunicación, el secretario general de la Unión de Extremadura y coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha indicado que se trata de la primera de una serie de acciones, y que la siguiente pretenden celebrarla ante el Ministerio de Agricultura porque “es imprescindible” dada la situación de “lo que está pasando con muchos cultivos, pero especialmente con el arroz”, que hasta ahora “tenía un precio que no nos hacía ricos, pero nos íbamos manteniendo”.
Ha explicado que, tras el incremento de las importaciones procedentes del Sureste asiático, “agravadas ahora” por el acuerdo con Mercosur, “el precio del arroz se ha hundido”, lo que ha provocado que tengan “el 60 por ciento de arroz sin vender” y que “los industriales perfectamente pueden no comprar ningún arroz, porque están abastecidos”. A ello ha sumado que no se están aplicando las cláusulas de salvaguardia y que ni la Junta de Extremadura, ni el Ministerio de Agricultura, ni la Unión Europea “hacen absolutamente nada”.
“Nos han abandonado a nuestra suerte, y lo que pedimos es algo muy sencillo, reciprocidad. O sea, queremos que se trate al arroz español, al arroz extremeño en este caso, exactamente igual que el resto de arroces”, ha remarcado Cortés, reclamando que las importaciones se sometan a las mismas normas de calidad que se exigen en España, condición imprescindible, ha dicho, para poder competir en precios. En la misma línea, ha exigido un etiquetado “claro” que especifique el origen del producto.
Un sector “al límite de la desaparición”
El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido de que el arroz se encuentra “al límite ya de la desaparición”, con más de un 60 por ciento de la cosecha de 2025 almacenada sin salida comercial, mientras arranca una nueva campaña sin que los productores sepan cómo afrontarla. Ha añadido que, “encima”, tienen la “obligación” de sembrar este cultivo “con esta situación tan crítica”.
Según ha explicado, se han concentrado para trasladar al Gobierno y al resto de administraciones que deben actuar y “tienen que ver cómo es posible que estén entrando masivamente producciones de terceros países, sin ningún tipo de control”, mientras “nuestro arroz está sin vender” no por falta de voluntad de los agricultores, sino porque el precio se sitúa unos 100 euros por debajo de los costes de producción, lo que supone “la ruina del sector arrocero”.
Ha alertado de que, “si no continuamos con este sector, si no continúa el arroz en Extremadura, estamos abocados a que muchos pueblos se abandonen”. Ha recordado que entre 1.300 y 1.500 agricultores se dedican en exclusiva a este cultivo en la comunidad y que las principales zonas arroceras se ubican en áreas ZEPA, donde se les impide cambiar de cultivo, lo que agrava aún más su vulnerabilidad.
Rentabilidad “nula” y amenaza para los pueblos
El portavoz de la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, Jesús Manuel Calderón, ha reiterado que el arroz atraviesa unas condiciones “críticas” por la “entrada masiva” de grano procedente de terceros países, como Myanmar y Camboya.
“Estábamos ya en una situación muy crítica con esos dos tratados y ahora se nos entra Mercosur, le añadimos el Estrecho de Ormuz y nuestra rentabilidad va a ser nula, con lo cual dudamos mucho de que podamos tirar para adelante con este cultivo”, ha lamentado.
Ha recordado también que en Extremadura hay pueblos “enteros” que dependen del arroz y que amplias zonas de Las Vegas Altas viven casi exclusivamente de este cultivo, de forma directa o indirecta. Por ello, ha avisado de que muchas familias se encuentran en un “peligro” considerable porque desconocen si podrán seguir “adelante” con esta actividad.
El presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha subrayado que, si a la escalada del precio del gasóleo y de los fertilizantes se suma que algunas cadenas de supermercados adquieren en Myanmar e Indonesia todo el arroz que comercializan en España a precios inferiores a los 2 euros, “el arroz va a desaparecer como cultivo en España” y con él lo harán también los productores.
Ha realizado “una petición muy sencilla, que los políticos vengan a la tierra, que los políticos vayan a los campos de arroz y que echen los cálculos de lo que cuesta producir con las normas que tenemos aquí, no con los productos que nos están mandando el terceros países, la mayor parte de ellos están totalmente contaminados”, ha afirmado, advirtiendo de que “están jugando con la salud de miles y millones de europeos”.
Por su parte, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha destacado que esta movilización demuestra la unidad del sector, con organizaciones agrarias y asociaciones actuando en una “unidad de acción”, que, a su juicio, “es la que tiene que continuar para sacar adelante las producciones”. Ha insistido en que la coyuntura del arroz es “crítica”.
“Con la situación que hay de sobrecostes, de hidrocarburos, de fertilizantes y el precio que tiene el arroz, seguro que lo más idóneo sería no sembrar y pararnos el sector agrario”, ha señalado Metidieri, que ha pedido que “los señores políticos, de una vez por todas, pongan el acento donde tienen que ponerlo”.
Entre los asistentes a la protesta, además de agricultores y productores, han acudido el diputado nacional del PP Antonio Cavacasillas y los diputados regionales de Vox María Jesús Salvatierra, Javier Bravo, Eva García Alegre, Juanjo García y Marta Garrido.
Críticas a las medidas del Gobierno por la guerra de Irán
En relación con las medidas que el Gobierno está perfilando para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente las dirigidas al sector agrario, Luis Cortés ha manifestado que las consideran “muy insuficientes” y ha recordado que el campo sufre las consecuencias indirectas del conflicto.
“No puede ser que algunos señores se dediquen a hacer negocio con la guerra, y tanto empresas suministradoras de combustible como de fertilizantes están haciendo negocio, como la Administración”.
Óscar Llanos ha expresado su deseo de que se articulen ayudas directas para los agricultores, dado que “simplemente” salir a arar les supone entre 150 y 200 euros más al día solo en gasóleo. A su vez, Ángel García Blanco ha incidido en que “de momento” no se ha aprobado ninguna medida porque, al parecer, los ministros de Sumar no han querido participar en el Consejo si no se respalda la moratoria sobre alquileres y ocupación, y ha reclamado “que se pongan de acuerdo dentro del Gobierno que las medidas son necesarias” como la rebaja del IVA del gasóleo para transportistas y agricultores.
Por último, Juan Metidieri ha señalado que, hasta ahora, lo primero que se hace es “anunciarlo mucho mediáticamente” y ha expresado su interés en conocer “más el contenido”. “Vamos a ver qué sale, pero mucho nos tememos que van a ser muy insuficientes para la situación que se está creando en el campo”.