Representantes del sector europeo del ajo han solicitado en Aceuchal (Badajoz) la adopción de medidas “urgentes” ante el encarecimiento de los costes y el “fuerte” incremento de las importaciones.
Más de 50 profesionales vinculados a la producción y comercialización de ajo, procedentes de Francia, Italia y España, se han reunido entre este miércoles y jueves en el Grupo de Contacto del Ajo del Comité Mixto de frutas y hortalizas.
Durante el encuentro se ha examinado en detalle la coyuntura que vive este cultivo en el ámbito comunitario y se han perfilado propuestas concretas para “garantizar su continuidad”, según ha comunicado la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de ajo (Anpca) en una nota de prensa.
Entre los principales riesgos detectados, los asistentes han señalado el “fuerte incremento” de los costes de producción. La organización explica que, en los últimos ejercicios, los agricultores han soportado aumentos superiores al 40 por ciento en los precios de fitosanitarios, combustibles, fertilizantes y otros insumos, una evolución “estrechamente ligada al impacto de las regulaciones existentes y al contexto económico internacional”.
A este problema se suma, de acuerdo con Anpca, el “notable” crecimiento de las importaciones de ajo en los tres últimos años, sobre todo procedentes de China y Egipto. Para los representantes del sector, esta tendencia ha dejado de ser “una preocupación futura” y se ha transformado en un “peligro real” para la viabilidad del ajo europeo.
Ante este panorama, los participantes han decidido trasladar a los eurodiputados la urgencia de poner en marcha medidas “urgentes”, entre ellas la activación de la cláusula de salvaguardia frente a las importaciones originarias tanto de Egipto como de China.
También han pedido revisar y actualizar el arancel disuasorio de 1.200 euros por tonelada que se aplica al ajo chino desde 2001. El sector critica que la “falta de revisión” de este mecanismo haya ido mermando su capacidad de protección “debido a la pérdida de valor provocada por la inflación acumulada durante más de dos décadas”.
El comité ha propuesto igualmente otras actuaciones complementarias, como intensificar la vigilancia aduanera, perfeccionar los sistemas de control, trazabilidad y verificación del origen para evitar importaciones “triangulares”, y establecer controles “rigurosos” en frontera que garanticen que el ajo importado “cumple los mismos estándares de seguridad alimentaria exigidos a la producción europea”.
En el plano productivo, los representantes han remarcado la “necesidad” de ampliar la disponibilidad de materias activas autorizadas en la Unión Europea, con el fin de recuperar los niveles de rendimiento por hectárea anteriores a la retirada de varias herramientas fitosanitarias.
La Anpca ha alertado de que la situación actual pone en riesgo “no solo la rentabilidad de las explotaciones”, sino también “la estabilidad del tejido empresarial y comercial vinculado al sector”.
La organización sostiene que el ajo europeo compite en un marco de condiciones “claramente desiguales” frente a producciones de terceros países que “no están sujetas a los mismos requisitos normativos ni a los mismos costes”.
Por ello, la asociación reitera que es imprescindible que las instituciones comunitarias actúen “con rapidez y determinación” para “evitar una pérdida irreversible de superficie cultivada y de capacidad productiva”.
La representación de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) en el grupo de contacto de ajo ha estado integrada por productores y comercializadores agrupados en Anpca, encabezados por su presidente, Juan Salvador Peregrín, su director general, Luis Fernando Rubio, y el director técnico de la Federación, Luis Martín.