El entramado mar-industria reclamó este miércoles a las distintas administraciones la puesta en marcha de medidas inmediatas y específicas para amortiguar el impacto que el conflicto en Oriente Medio está teniendo sobre su actividad, advirtiendo de que ya hay compañías “que se plantean parar” debido al fuerte encarecimiento de los costes de producción, de los fletes, del transporte y de los seguros, que compromete su continuidad.
Este llamamiento fue trasladado por representantes de la Cooperativa de Armadores (ARVI) del Puerto de Vigo y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) mediante una declaración institucional leída en las instalaciones portuarias viguesas, coincidiendo con la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones.
En ese texto, subrayan que la cadena mar-industria “se enfrenta a un nuevo episodio de disrupción global” a raíz de la escalada bélica en Oriente Medio, que golpea de lleno a dos “vectores críticos” de su funcionamiento: la energía y el transporte marítimo.
En concreto, aluden al encarecimiento del combustible y a las tensiones sobre el coste de la energía, clave para la operativa en tierra en los procesos de conservación y elaboración. A ello se añaden las alteraciones en los flujos comerciales internacionales derivadas del cierre del estrecho de Ormuz, con retrasos en los envíos por mar, dificultades en los fletes y problemas de cobertura por parte de las aseguradoras.
Ante este escenario, el sector demanda una “respuesta ágil” por parte de las administraciones, basada en medidas “temporales, proporcionadas y basadas en la colaboración público-privada”.
Reivindicaciones y medidas planteadas
Las organizaciones del mar-industria piden activar mecanismos de apoyo dentro del marco del FEMPA, incluyendo las ayudas de compensación por acontecimientos excepcionales previstas en su artículo 26, siguiendo el precedente de la crisis del Covid y de la guerra de Ucrania.
Del mismo modo, reclaman “medidas fiscales directas” de respaldo al sector, especialmente si el conflicto se prolonga, así como una “flexibilización o prórroga” en la puesta en marcha del sistema CATCH IT, la herramienta digital para la gestión de certificados de capturas.
También proponen iniciativas para estimular el consumo de productos pesqueros, entre ellas una rebaja temporal del IVA u otras fórmulas equivalentes. A ello suman la petición de revisar “en la medida de lo posible” las cuotas de pesca de los caladeros nacionales con el fin de favorecer las descargas en puertos españoles.
Por último, instan a impulsar actuaciones de innovación que faciliten la “transición azul” del sector y refuercen su competitividad a medio y largo plazo.
Empresas al límite y ayudas insuficientes
El gerente de la Cooperativa de Armadores, Edelmiro Ulloa, describió la situación actual de la flota y advirtió de que las medidas anunciadas por el Ejecutivo generan dificultades añadidas. A su juicio, se trata de instrumentos aplicables “en diferido” y, en el mejor de los escenarios, las ayudas no se materializarían hasta septiembre.
En este contexto, insistió en que “la tesorería de las empresas pesqueras” las llevará a “parar”, ya que “las medidas no son inmediatas” y resulta imposible garantizar así su supervivencia.
Aunque no existe una cifra cerrada sobre el impacto económico de la guerra en el sector, tanto ARVI como Anfaco subrayan que es “muy importante” y recuerdan que no solo se trata del coste del combustible y de la energía, sino también de los problemas logísticos, de los fletes, de los seguros y del encarecimiento de otros insumos intermedios, como el cartón o los plásticos.
Asimismo, lamentan que el esquema de ayudas diseñado por la administración fije un máximo de 200.000 euros por buque o 400.000 euros por grupo empresarial, condicionado a que los barcos estén en la tercera lista y pertenezcan a la flota española, lo que dejará fuera a parte del tejido empresarial.
Javier Touza recordó que, ya con la guerra en Ucrania, se había calculado que cada subida de 10 céntimos por litro de combustible suponía un sobrecoste anual de 485 millones de euros, y remarcó que los incrementos actuales son aún mayores. En el caso de ARVI, cada ejercicio se contratan entre 100 y 120 millones de litros y, según indicó, numerosos armadores de pequeña escala se han interesado por integrarse en la cooperativa para obtener precios más competitivos.
Fallos en el sistema CATCH IT y preocupación en el Puerto de Vigo
A las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio se añaden otros obstáculos, como señaló el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, al referirse a la implantación del sistema CATCH IT.
“La UE no parece entender lo que pasa (...) estuvimos 10 años pidiendo la medida, y la implementación no ha sido correcta”, criticó, alertando de que los problemas actuales se intensificarán en los próximos meses y se producirá “un colapso” con el aumento de descargas propio de finales de primavera y principios de verano. En esa línea, recalcó que ha quedado acreditado que “el sistema no estaba suficientemente validado” y “no es un procedimiento robusto”.
Por su parte, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, admitió que el escenario internacional es motivo de “preocupación” para la autoridad portuaria, dado que repercute directamente en sus usuarios. En este sentido, defendió el “trabajo conjunto” para articular soluciones y evitar que el sector pesquero tenga que “sufrir más las malas decisiones”.