El sector pesquero andaluz avisa de que podría mantener las protestas por el nuevo control tras el paro del lunes

La flota andaluza irá a la huelga por el nuevo control pesquero europeo y avisa de que podría alargar las protestas si no hay acuerdos satisfactorios.

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El sector pesquero andaluz avisa de que podría mantener las protestas por el nuevo control tras el paro del lunes

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El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar de Punta Umbría (Huelva) y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández Belmonte, ha explicado este viernes que la flota andaluza se unirá el próximo lunes a la huelga general convocada en todo el país contra la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo de Control Pesquero (UE 2023/2842). Asimismo, ha advertido de que, si no se alcanzan acuerdos “satisfactorios”, el sector no descarta “prolongar” las movilizaciones.

Fernández Belmonte ha señalado que el paro del 19 de enero supondrá que “todos los barcos” quedarán amarrados en los puertos, al entender el sector que las nuevas obligaciones “ponen en grave riesgo la viabilidad de la flota de bajura y costera, la seguridad marítima y la pesca fresca de proximidad”. “Con esta normativa salimos a la mar a buscar multas, no pescado”, ha remarcado.

Del mismo modo, ha precisado que el lunes 19 se llevarán a cabo concentraciones simultáneas en todos los puertos pesqueros de España a las 16,00 horas, coincidiendo con la reunión técnica que mantendrá en Madrid la Secretaría General de Pesca con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), a la que se ha solicitado una propuesta que permita desbloquear la situación.

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha criticado públicamente la aplicación actual del Reglamento (UE 2023/2842), poniendo el foco en la “obligación de notificar” la llegada a puerto “con cuatro horas de antelación” para barcos con mareas cortas y en “la exigencia de registrar capturas desde el denominado 'kilogramo cero'”.

Según la FNCP, estas disposiciones son “inaplicables, peligrosas y desconectadas de la realidad del trabajo en el mar”, y “pueden provocar parálisis de la actividad, pérdidas económicas, inseguridad jurídica y un aumento del riesgo para las tripulaciones”.

La organización acusa, además, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de “trasladar al pescador las consecuencias de una mala interpretación normativa y de invadir el criterio profesional de los capitanes”.

La FNCP insiste en que el sector “no se opone al control”, pero “rechaza ser perjudicado por una mala aplicación de la norma”, y exige una actuación “urgente” del Ministerio para “defender las flexibilidades que contempla el propio Derecho de la Unión Europea”. La federación estará presente en la reunión técnica fijada para el lunes, 19 de enero, con la Secretaría General de Pesca.

Ya el pasado lunes parte de la flota pesquera andaluza detuvo su actividad por los cambios introducidos por la nueva reglamentación de la Unión Europea (UE), en vigor desde el 10 de enero. La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) señaló el martes que los barcos fueron reincorporándose al trabajo de forma paulatina.

Proyecto de ley de control pesquero

El 21 de octubre de 2025 el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la finalidad de adaptar la legislación española a las últimas reformas europeas y “reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.

El Ejecutivo destacó entre sus principales medidas la puesta en marcha de un Plan Nacional de Control e Inspección y el impulso de la cooperación con otras administraciones y con el propio sector, con el objetivo de garantizar una gestión coordinada y eficaz.

En este marco se refuerzan los instrumentos de control, con el Centro de Seguimiento de Pesca como “herramienta fundamental”, y se intensifican las actuaciones “contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” con el fin de “reforzar la protección de los ecosistemas marinos y el mercado legal de los productos pesqueros”.

La ley incorpora también un nuevo régimen de infracciones y sanciones, con tipificaciones “claras y flexibles” y una graduación en función de la gravedad de las conductas. Se introduce una nueva categoría de infracciones leves para “guardar proporcionalidad” con el acceso a las ayudas públicas, ya que su concesión está ligada a la ausencia de ciertos antecedentes sancionadores.

De este modo, el Gobierno subrayó que la norma pretende “garantizar un régimen más transparente, justo y adaptado a cada infracción, en línea con los estándares europeos”. Asimismo, prevé la posible responsabilidad de armadores, patrones y titulares de licencias en determinados supuestos, y persigue fomentar una cultura de prevención y cumplimiento en toda la actividad pesquera, tanto profesional como recreativa.

Respaldo del Ayuntamiento de Punta Umbría

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha expresado el “apoyo institucional firme” del Ayuntamiento al sector pesquero y ha adelantado que el Consistorio participará en la concentración convocada en el puerto pesquero de la localidad a las 16,00 horas.

Además, ha llamado a la plantilla municipal a secundar una parada simbólica de cinco minutos a las puertas del Ayuntamiento a las 12,00 horas del mismo lunes, como gesto de “solidaridad con los pescadores”, invitando igualmente a “toda la ciudadanía” a sumarse.

Hernández Cansino ha avanzado que trasladará esta iniciativa a la Diputación Provincial de Huelva y a otros ayuntamientos costeros con puerto, “para que se sumen a estas acciones reivindicativas y muestren su respaldo al sector”.

En palabras del regidor, el nuevo Reglamento europeo de Control Pesquero representa “un planteamiento sinsentido, que ignora por completo el impacto social y económico que tendría su aplicación”. Ha recordado que, en Punta Umbría, la actividad pesquera genera más de 500 empleos directos e indirectos y constituye “un pilar fundamental de la economía local y una seña de identidad del municipio”.