La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la “adopción urgente de medidas adicionales” para el sector, con el fin de frenar el “inminente” amarre de la flota española ante la pérdida de rentabilidad derivada del fuerte incremento del coste del combustible.
Ambas entidades advierten de que la situación “no ha hecho más que agravarse” por los actuales conflictos geopolíticos, lo que ha llevado a muchas empresas a operar por debajo del umbral de rentabilidad y ha forzado ya a algunos barcos a detener su actividad.
En una carta remitida al Ejecutivo, el sector señala que el origen principal de esta crisis es el “notable incremento” del precio del combustible, que ha pasado de alrededor de 0,50 o 0,60 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en puertos españoles, llegando incluso a 2,2 euros en otros Estados.
Las organizaciones subrayan que no solo “está en juego” la continuidad económica de las compañías pesqueras, sino también la seguridad alimentaria, la protección de 30.000 empleos directos y más de 150.000 indirectos vinculados a la pesca, así como la pervivencia del “tejido social y económico de las comunidades costeras”.
Reclaman un paquete urgente de medidas excepcionales
En este contexto, el sector considera “insuficientes” los apoyos previstos en el Real Decreto-ley 7/2026 y exige un “paquete de medidas adicionales de aplicación inmediata”.
Entre las propuestas, destaca el aumento de la ayuda al combustible, de los 20 actuales a 50 céntimos por litro, y que el pago se realice con carácter mensual para “garantizar la liquidez de las empresas”.
Asimismo, piden a la Administración que acelere los procedimientos para poner en marcha las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) tan pronto como reciban la autorización de la Comisión Europea.
Otra demanda central es la exoneración, y “no solo el aplazamiento”, de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores hasta, “al menos”, finales de 2026.
Por último, Cepesca y la FNCP han solicitado un encuentro con el Gobierno para concretar la puesta en marcha de estas medidas. Recuerdan que el sector “aporta cerca de 10.000 millones de euros de valor agregado bruto” a la economía nacional y es clave para la cohesión territorial de las zonas litorales.