El Tratado de los Océanos, conocido también como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés, comenzará a aplicarse este sábado, 17 de enero, tras alcanzar 83 ratificaciones —23 por encima del umbral mínimo exigido— y sumar 145 firmas. Entre los principales efectos de este instrumento internacional figura la creación de una red global de Áreas Marinas Protegidas en alta mar, en la que podría incluirse la Corriente de las islas Canarias, frente a la costa de África Occidental en el Atlántico.
Las negociaciones en torno a este tratado arrancaron en 2004 con el objetivo de salvaguardar y asegurar un uso responsable de aproximadamente dos tercios de la superficie oceánica del planeta. Se apoya en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza el andamiaje jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, según la propia ONU. De este modo, proporciona un marco de cooperación entre Estados y otros actores que será "crucial" para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.
El acuerdo persigue "un reparto justo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (...) en beneficio de toda la Humanidad". También contempla la declaración de zonas protegidas para salvaguardar hábitats esenciales, especies amenazadas y fondos marinos, así como la obligación de evaluar el impacto de las actividades económicas. Paralelamente, establece una arquitectura jurídica internacional para valorar los efectos de las actividades en alta mar y sus repercusiones sobre el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos asociados.
Otro de los pilares del tratado es facilitar la cooperación y la transferencia de tecnología marina, con el fin de que las Partes, especialmente los países en desarrollo, puedan cumplir los compromisos asumidos. Junto a ello, incorpora un sistema de financiación de las medidas previstas y un mecanismo específico para la resolución de controversias.
Obligaciones inmediatas para los Estados firmantes
Entre las plataformas que más han impulsado este texto figura la High Seas Alliance. Su coordinadora regional para Asia, Reza Sakharjahukos, señaló en una rueda de prensa esta semana que varias de las obligaciones establecidas en el tratado serán de aplicación directa desde el día 17.
Así, los Estados parte deberán llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental cuando planifiquen actividades en áreas situadas fuera de su jurisdicción nacional, o cuando desarrollen acciones dentro de su jurisdicción que puedan tener un efecto significativo en alta mar.
Además, estarán obligados a aprobar las disposiciones políticas necesarias para garantizar la notificación, la presentación de informes y la distribución en tiempo y forma de los beneficios que se deriven de cualquier actividad asociada a los recursos genéticos marinos. Igualmente, deberán promover la cooperación internacional en investigación científica marina mediante el impulso y la transferencia de tecnología marina.
"Si bien algunas de estas obligaciones dependen de la puesta en funcionamiento de instituciones o comités en el marco de la BBNJ y de mecanismos como la sectorialización y el intercambio de información, no todas lo son. Un buen ejemplo es la cooperación. Existen numerosos ejemplos prácticos que demuestran que, en virtud de esta disposición, las partes de la BBNJ ya podrían tomar medidas a partir de ahora", ha explicado.
Retos: proteger áreas oceánicas gigantescas
Una vez en marcha el tratado, los países deberán celebrar la primera Conferencia de las Partes antes del 17 de enero de 2027, prevista en Nueva York (EEUU). Organizaciones como Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman a los gobiernos que aprovechen la entrada en vigor del acuerdo para implicarse activamente en la declaración de nuevas áreas marinas protegidas.
De acuerdo con Greenpeace, pasar del "1%" de áreas de alta mar protegidas actualmente al 30% en un plazo de cuatro años "requerirá que los gobiernos protejan áreas oceánicas más grandes que continentes enteros y que lo hagan más rápido que cualquier esfuerzo de conservación en la historia".
"No podemos confiar en que los grandes actores de la industria pesquera prioricen la protección del océano y dejen de explotarlo con fines de lucro por iniciativa propia; necesitamos que los gobiernos les obliguen a hacerlo", ha recalcado la responsable de la campaña de Océanos de la ONG, Ana Pascual.
En relación con España, la entidad considera que ha llegado el momento de que el Ejecutivo "reafirme su compromiso con la protección de los océanos, liderando propuestas para la designación de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales".
SEO/BirdLife detalla que su propósito inmediato es "implicar a gobiernos, administraciones, sectores económicos y otros actores para informar y abogar por la designación y gestión eficaz de nuevas áreas marinas protegidas en alta mar vitales para las poblaciones de diferentes especies de mamíferos marinos, tortugas marinas o peces y, por supuesto, de aves marinas, asegurando la conectividad de sus rutas migratorias".
En el caso español, la organización ve factible alcanzar la protección del 30% de la superficie marina para 2030, aunque advierte de que, para que esas figuras de protección funcionen, deben ponerse en marcha planes de gestión que regulen las actividades con impacto sobre estos espacios.
"Por el momento, solo unos pocos espacios marinos costeros de ámbito autonómico, y el monte submarino de "El Cachucho" en el Cantábrico, cuentan con planes de gestión aprobados. Para SEO/BirdLife este impulso internacional por la conservación de los espacios marinos, debe servir para que España avance en la ambición y dé el paso de trabajar desde la gestión para que España cumpla con los deberes", ha incidido.
WWF, por su parte, reclama a gobiernos y empresas que unan esfuerzos para aplicar el tratado con eficacia y anima a los Estados que aún no lo han ratificado a sumarse cuanto antes.
"Ha llegado el momento de que todos los Estados y usuarios de los océanos colaboren de verdad para protegerlos: solo si situamos la salud de los océanos en el centro de la pesca, el transporte marítimo y otros usos, se conservará la vida marina y los servicios ecosistémicos para las generaciones futuras", ha subrayado la experta en gobernanza y políticas oceánicas globales de la ONG, Jessica Battle.