El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) ha señalado este lunes que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) puede incrementar la incertidumbre sobre la financiación disponible, provocar demoras en la activación de las ayudas y originar diferencias en su aplicación entre Estados miembros si no se concretan mejor las normas del nuevo modelo, basado en un fondo único y en planes nacionales.
Los auditores se pronuncian así en su dictamen sobre la reforma de la PAC para el periodo 2028-2034, vinculada al próximo marco financiero plurianual de la Unión, en el que la Comisión Europea plantea reorganizar el gasto comunitario mediante la creación de un Fondo Europeo único que integre distintas políticas —entre ellas la agrícola— dentro de un único plan por cada país.
En la práctica, este enfoque supone que la PAC dejaría de disponer de un fondo agrícola propio y abandonaría su tradicional estructura de dos pilares, un giro que, según advierten, puede complicar la gestión y retrasar el despliegue de las ayudas si no se detallan con suficiente precisión las reglas y los procedimientos.
Uno de los elementos que más inquietud genera es que el volumen total de financiación solo se conocerá una vez que se aprueben los planes nacionales, lo que introduce incertidumbre para los potenciales beneficiarios y dificulta la comparación entre el marco financiero actual y el que entrará en vigor a partir de 2028.
A esta situación se añade la falta de claridad sobre el sistema de pagos, dado que —remarcan— el texto no define con precisión qué intervenciones se asociarán a productos y cuáles a hitos y objetivos, un diseño que puede originar diferencias entre países y complicar el seguimiento del gasto.
En este escenario, el Tribunal insiste en que la rendición de cuentas debe quedar garantizada en todo momento y recalca que la trazabilidad desde las cuentas de la UE hasta los beneficiarios finales, como los agricultores, es una condición “innegociable” para poder desempeñar su labor de control.
El dictamen también alerta de que los mecanismos de planificación y adopción previstos, junto con una arquitectura jurídica más enrevesada derivada de la integración de la PAC en un fondo común, pueden acarrear retrasos en la llegada de los fondos y mermar la previsibilidad para los perceptores, lo que podría terminar desvirtuando el objetivo de simplificación proclamado por la Comisión.
Riesgo de divergencias y competencia desigual
Al mismo tiempo, aunque el Tribunal reconoce que la propuesta mantiene un catálogo común de intervenciones para todos los Estados miembros, advierte de que la mayor flexibilidad otorgada para diseñar los planes nacionales puede desembocar en diferencias sustanciales en la aplicación de las medidas, con el consiguiente riesgo de crear condiciones de competencia desiguales y efectos adversos sobre el funcionamiento del mercado interior.
Para contener ese riesgo, los auditores consideran esencial que el Ejecutivo comunitario ejerza de forma efectiva su función directiva reforzada y que la normativa concrete con mayor detalle el alcance y los criterios de sus recomendaciones a los Estados de la Unión, con el fin de asegurar que los planes nacionales se alineen de manera coherente con los objetivos comunes de la PAC.