El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha acordado paralizar de manera cautelar el encargo realizado por el Gobierno de Cantabria a la empresa pública TRAGSA para la redacción del nuevo Plan de Gestión del Lobo en la comunidad, después de la denuncia y el recurso especial presentados por Podemos Cantabria.
La resolución, notificada este jueves, 22 de enero, estima en su totalidad la petición de medidas cautelares formulada por la formación morada y ordena detener el procedimiento de contratación, al entender que su continuación podría generar “perjuicios de difícil o imposible reparación”.
Podemos Cantabria había acusado al Ejecutivo autonómico de recurrir a un encargo directo a TRAGSA con el objetivo de esquivar la participación pública, la transparencia y el debate social que, a su juicio, son imprescindibles para diseñar un plan de gestión de una especie protegida como el lobo ibérico, según ha señalado el propio partido.
El responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha afirmado que “esta victoria demuestra que cuando se actúa con rigor jurídico y en defensa del interés público, se pueden frenar los atajos administrativos que perjudican a la transparencia y al medio ambiente”.
En palabras de Gómez, el Gobierno, “por un lado, nos cuenta que está elaborando un plan participativo y, por otro, subcontrata la elaboración del plan para poder hacerlo de espaldas a la ciudadanía”.
Para Podemos, el encargo “directo y opaco” a TRAGSA “pone en riesgo la genuina participación ciudadana y el escrutinio público que debe acompañar a un plan con impacto ambiental y social como este”.
Asimismo, la formación sostiene que un nuevo Plan del Lobo “debe elaborarse con criterios científicos, participación de entidades sociales y ecologistas, transparencia y control democrático, y no mediante un procedimiento que excluya a la ciudadanía y a los expertos”.
Según Podemos, “la mayor prueba de opacidad es que la Consejería vende que está trabajando en un plan cuando, en realidad, en mitad del proceso han decidido subcontratar su elaboración. Ahora tendrán que explicar por qué lo han hecho”.
La suspensión cautelar obliga al Gobierno de Cantabria a detener el procedimiento y “constituye un primer paso para garantizar un proceso abierto, garantista y acorde con la legislación vigente”, ha subrayado la formación.