La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha dado la razón a los vocales que formaban el Pleno del Consejo Regulador de Ternera Asturiana y que fueron apartados de sus puestos tras el nombramiento de una Comisión Gestora por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. El tribunal declara nulas las resoluciones impugnadas al considerar que vulneran el derecho fundamental de asociación, en su vertiente de autoorganización.
El Tribunal sostiene que, en el proceso electoral en cuyo contexto se dictaron las resoluciones recurridas, no existía otro interés en juego que el del propio Consejo Regulador y el de los operadores que lo componen, todos ellos de carácter privado.
A comienzos de junio de 2025, la IGP Ternera Asturiana se encontraba inmersa en la renovación de su Pleno cuando la Consejería de Medio Rural y Política Agraria decidió interrumpir el funcionamiento ordinario del organismo mediante el nombramiento de una Comisión Gestora encargada de asumir las tareas de gestión.
La presidenta en funciones del Consejo Regulador en aquel momento, Isabel de la Busta, ya había alertado de que esta medida suponía "apartar de sus funciones a los órganos de gobierno democráticamente elegidos, de un día para otro y sin oportunidad si quiera de alegar, sustituyéndoles por una Comisión Gestora de 10 miembros elegidos por la administración".
De la Busta reprocha que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y la Presidencia del Principado de Asturias "se pusieran de espaldas al diálogo, llevándoles a una situación insólita: la necesidad de acudir a los tribunales para defender los más elementales derechos".
La ex presidenta rememora cómo, desde el inicio del conflicto, trasladaron al consejero Marcelino Marcos y al presidente del Principado, Adrián Barbón, "que no tenían competencia para adoptar esa decisión e intervenir de facto el Consejo Regulador" y que la actuación de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria incidía directamente en los derechos fundamentales de los operadores de la IGP, en especial el de asociación y su manifestación en la autoorganización y la elección democrática de sus órganos rectores.
Ternera Asturiana subraya que la sentencia recuerda que el Consejo Regulador es "una corporación de derecho público, que se rige fundamentalmente por el derecho privado". Ante esta situación, varios de los operadores cesados tras la designación de la Gestora acudieron a la vía judicial y solicitaron, como medida cautelar, la suspensión de las resoluciones que daban validez a dicho órgano.
"El Ministerio Fiscal apoyó nuestra petición y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de manera cautelar, suspendió el nombramiento de la Gestora, devolviendo la normalidad al Consejo", explica la ex presidenta, que destaca que esta decisión permitió al Pleno retomar sus funciones "en funciones" y continuar con el calendario electoral.
Gracias a esa suspensión cautelar, el Consejo Regulador pudo completar el proceso de elecciones, que concluyó con la proclamación de un nuevo Pleno el pasado mes de diciembre.
De la Busta se muestra igualmente muy crítica con la actuación de los integrantes de la Comisión Gestora, especialmente con los designados en representación de las organizaciones sindicales UCA, ASAJA y COAG, de Cooperativas Agroalimentarias y de la Asociación de Criadores ASEAVA, así como con el resto de miembros, que, según afirma, en ningún momento "pensaron en las consecuencias para los operadores del consejo".
A su juicio, el fallo judicial "supone lo que siempre han reclamado, que se respete el derecho de los operadores de la IGP a organizarse como consideren y votar en sus elecciones para elegir a sus representantes".
En términos similares se pronuncia el actual presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, Fernando Martínez, quien sostiene que, a la vista de la resolución, "la actuación de la Consejería ha sido contraria a la Ley".
Martínez incide en que "Lo que los recurrentes calificaron como una injerencia pública grave e injustificada en el funcionamiento de una entidad de base privada como es el Consejo Regulador, ha sido refrendo por el alto tribunal de manera unánime, y con imposición de costas", y recalca que este pronunciamiento aporta estabilidad al nuevo Pleno, que trabaja desde su constitución en diciembre con plena seguridad jurídica.
El 5 de junio de 2025, la Junta Electoral del Consejo Regulador había pedido expresamente a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que se abstuviera de nombrar ninguna Gestora y optara por mantener el proceso electoral en curso, pero el departamento ignoró la solicitud y dictó igualmente la resolución ahora anulada.
La sentencia subraya que "no concurre aquí otro interés que el del Consejo regulador y los operadores que lo integran, todos ellos sujetos privados" y recuerda que las decisiones impugnadas se adoptaron cuando la Junta Electoral ya había abierto un nuevo plazo para la presentación de candidaturas y la celebración de las votaciones.
En el mismo sentido, el fallo recoge que "la libertad de asociarse implica la facultad de autoorganización" y destaca que la resolución cuestionada se dicta cuando la Junta Electoral del Consejo Regulador ya había acordado reabrir el plazo de candidaturas para el censo, publicándolo en su página web junto con la fecha de las elecciones, previstas para septiembre.