La Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía ha comenzado a aplicarse este viernes, después de su aprobación definitiva en el Pleno del Parlamento andaluz el pasado 26 de noviembre, respaldada por la mayoría absoluta del PP-A.
La nueva norma fue aprobada en la Cámara autonómica con el rechazo de Vox, mientras que PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía optaron por la abstención. De este modo, según ha subrayado la Junta, “Andalucía se va a convertir en la primera comunidad autónoma en tener una regulación normativa para el fomento de la producción ecológica y de otras producciones certificadas”.
Para el Ejecutivo andaluz, la finalidad esencial de esta ley es “contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado de Andalucía mediante el impulso del crecimiento del consumo interno de estos alimentos para alinear la demanda con la oferta andaluza actual”.
Igualmente, la normativa pretende “fortalecer la posición de liderazgo que ostenta actualmente la región”, que es “un referente en producción ecológica” al contar con más de 21.500 operadores y alrededor de 1,5 millones de hectáreas dedicadas a este modelo productivo, una superficie que representa el 50 por ciento de la extensión ecológica de España.
Asimismo, el Gobierno andaluz ha remarcado que “otro ejemplo de esta apuesta andaluza por la certificación de la sostenibilidad” es el desarrollo de sistemas de Producción Integrada, que abarcan en torno a 433.000 hectáreas y agrupan a unos 45.000 productores en el territorio andaluz.
Entre los propósitos de la nueva ley figura también “remarcar la compatibilidad y coexistencia de la producción ecológica con otros modelos sostenibles certificados ya existentes”. Se define como producción certificada “aquella que, amparada por la administración y evaluada por entidades externas de acuerdo con la Ley de Calidad Agroalimentaria de Andalucía, tiene acreditado el cumplimiento de reglamentos de prácticas sostenibles más exigentes que las normativas nacionales y europeas”.
La ley incorpora, entre otras medidas, la preferencia de estos productos en los contratos de las administraciones públicas vinculados a servicios de hostelería, catering y restauración. Esta prioridad se extiende a los suministros de alimentos para centros educativos, sanitarios y sociosanitarios.
Del mismo modo, el texto legal prevé que el Gobierno andaluz “fomente la apuesta por la producción ecológica en la superficie agraria y forestal de la región; y que se incluyan actuaciones específicas para alimentos ecológicos en los planes de promoción de la producción agroalimentaria andaluza”.
En materia de apoyos económicos, el proyecto de ley establece “la prioridad de solicitantes con producciones certificadas y apuesta por convocar subvenciones que respalden acciones promocionales de alimentos ecológicos en puntos de venta”.
La norma también recoge “la importancia de que el Gobierno andaluz fomente la promoción de los productos certificados en el canal Horeca --hostelería, restauración y catering-- y su participación en ferias profesiones”.
Otro de los aspectos contemplados es la creación del premio “Producción Ecológica de Andalucía”, con el que se pretende reconocer a personas o entidades por su labor en los ámbitos técnico, empresarial, industrial, comercial o de investigación; además, se impulsa la comercialización directa de estos alimentos en explotaciones y mercados mediante la constitución de una Red Andaluza de Municipios con Mercados Locales Ecológicos.
Asimismo, la ley prevé la aplicación de una bonificación del 50 por ciento en la tasa de servicios facultativos veterinarios para las explotaciones ganaderas ecológicas.
La norma incorpora, además, un título específico dedicado a la investigación, la innovación, el asesoramiento y la transferencia de conocimiento, en el que se incluye también la formación vinculada a las producciones certificadas.
En este bloque se implica a las universidades y centros tecnológicos de Andalucía y se menciona la preservación de razas ganaderas autóctonas como mérito concreto a tener en cuenta en la concesión de ayudas relacionadas con estos sistemas de producción.