Extremadura obtendrá más de 401.000 euros para impulsar la exportación de vino en 2027

Extremadura recibirá 401.153,66 euros del reparto estatal para promocionar vino en mercados exteriores dentro de la estrategia vitivinícola de la PAC.

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La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada por videoconferencia bajo la presidencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha decidido este lunes distribuir 46,6 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar en 2027 los programas de promoción del vino en mercados de países terceros. Dentro de este reparto, a Extremadura le corresponderán 401.153,66 euros.

El presupuesto asignado para ese ejercicio se sitúa en 55,6 millones de euros, y las comunidades autónomas han cursado solicitudes de ayuda por un importe inferior al máximo disponible. En la actualidad, la intensidad máxima de subvención posible se fija en el 50%.

Planas ha propuesto elevar ese porcentaje de apoyo público hasta el 60% con el fin de aprovechar la opción que brinda la futura modificación del reglamento europeo, aún pendiente de visto bueno, incluida en el denominado “paquete vino”.

Esta medida de apoyo a la promoción se integra en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

El ministro ha subrayado que estos programas contribuyen a difundir las características y cualidades de los vinos españoles en mercados extracomunitarios, lo que refuerza su competitividad y ayuda a afianzar nuevas plazas comerciales.

En el reparto territorial, a Castilla y León se le han otorgado 9.404.506,34 euros; al País Vasco, 8.365.068,85 euros; a Cataluña, 5.997.457,53 euros; a La Rioja, 4.824.635,36 euros; a Andalucía, 3.479.110,57 euros; a la Comunidad de Madrid, 2.800.937 euros; a Murcia, 2.707.675,28 euros; a Castilla-La Mancha, 2.380.049,58 euros; a la Comunidad Valenciana, 2.046.001,28 euros; a Aragón, 2.018.890,76 euros; a Galicia, 1.190.001,14 euros; a Navarra, 924.930,68 euros; a Extremadura, 401.153,66 euros; y a Canarias, 62.643,10 euros.

En el transcurso de la reunión se ha dado luz verde también al Plan Nacional de Vigilancia del Mercado de Productos Fertilizantes de la Unión Europea (UE) para el periodo 2026-2029, que asegura una supervisión adecuada de estos insumos. La planificación incorpora las contribuciones de las comunidades autónomas y contempla la creación de grupos de trabajo específicos para reforzar y coordinar las tareas de control.

Además, se han validado los programas nacionales del ámbito agroalimentario y pesquero que forman parte del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026-2030.

Consejos consultivos agrarios y pesqueros

Planas ha encabezado igualmente los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que ha trasladado a los responsables autonómicos los principales puntos que se abordarán en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

Entre los asuntos tratados figura la revisión del reglamento europeo de producción ecológica, orientada a simplificar la normativa y reforzar la competitividad del sector, todavía en una fase temprana de tramitación. España defenderá que el logotipo ecológico de la UE se limite “solo para aquellas producciones ecológicas que cumplan los mismos requisitos que las producciones europeas”.

Asimismo, España planteará dos “puntos varios”: por un lado, pedir una mayor flexibilidad en la aplicación del reglamento de control pesquero, ya que algunas de sus exigencias resultan de gran complejidad para su cumplimiento por parte de la flota; y, por otro, insistir en la necesidad de modificar el reglamento del Mediterráneo y revisar los modelos científicos asociados.

En la reunión también se han compartido posiciones sobre la nueva Estrategia Europea de Bioeconomía, resaltando el papel esencial de la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura, así como la importancia de disponer de una financiación suficiente para desarrollar la bioeconomía azul, el regadío sostenible, el aprovechamiento de biomasa marina, la fertilización innovadora, la valorización de residuos marinos y subproductos pesqueros, y la biotecnología aplicada al sector primario.