La Junta de Extremadura ha ampliado su relación de montes protectores con la incorporación de Coto Sierra, situado en los términos municipales de Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera, que obtuvo la declaración el mes pasado.
Con esta nueva declaración, la comunidad autónoma pasa a contar con cinco montes protectores, una figura que permite a los propietarios privados acordar con la Administración regional una gestión conjunta de los recursos forestales.
Los otros cuatro montes incluidos en esta categoría se localizan en Descargamaría, Hoyos, Santibáñez el Alto y, por último, Garlitos y Risco, según ha recordado la Junta de Extremadura en una nota de prensa difundida este sábado.
Coto Sierra abarca 556 hectáreas, pertenece a la Comunidad de Bienes Coto Sierra Valverde y Talaveruela de la Vera y ya figura inscrito en el Registro de montes protectores de Extremadura. Parte de su superficie se integra, además, en la Red Natura 2000 y acoge hábitats considerados de interés prioritario.
En la actualidad, la Consejería mantiene contratos de gestión con dos de estos montes protectores: el del Valle del Árrago en Descargamaría y el de Sierra de los Ángeles-La Debra en Santibáñez el Alto. A estos espacios se han destinado 1.145.000 euros en aprovechamientos, que han permitido tratar casi 115.000 estéreos de madera.
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha valorado la incorporación de Coto Sierra como “un nuevo paso adelante en la política de compatibilizar la protección del paisaje con el desarrollo económico de los pueblos”.
“Cada declaración de monte protector tiene un doble beneficio. Por un lado, ese espacio ve reforzada su protección forestal y ambiental, y por otro, se allana el camino para que la Junta de Extremadura haga en él los trabajos de prevención de incendios forestales que son tan importantes”, ha señalado Ramírez.
La declaración de Coto Sierra obedece a la relevancia ambiental de este enclave, que desempeña un papel clave en la defensa del suelo frente a los procesos de erosión, en la regulación del régimen hidrológico al situarse en cabecera de cuenca y en la conservación de la diversidad biológica.
La gestión ordinaria del monte protector seguirá en manos de la entidad propietaria, que deberá llevarla a cabo mediante instrumentos de gestión forestal, como proyectos de ordenación o planes de ordenación y aprovechamiento, con el fin de asegurar la estabilidad de la masa forestal y la preservación de sus valores ecológicos.
Entre las consecuencias de esta declaración figura la clasificación de los terrenos como suelo rústico protegido, así como la prioridad para optar a incentivos públicos dirigidos a la gestión forestal sostenible. Además, cualquier planeamiento urbanístico que afecte a estos terrenos requerirá el informe preceptivo de la administración forestal autonómica.