El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, ha instado al Gobierno central a revisar el decreto de ayudas aprobado tras los daños causados por el último temporal en el campo y a incorporar a los municipios granadinos que han quedado excluidos pese a registrar pérdidas de calado. Según sus cálculos, más de 17.000 agricultores vinculados a cooperativas no pueden acceder a estas compensaciones diseñadas tras los episodios meteorológicos de este invierno.
Torres, que ha comparecido junto al director de Faeca en Granada, Gustavo Ródenas, ha reconocido la agilidad con la que el Ejecutivo activó el Decreto Ley, dotado con 2.700 millones de euros, de los que 2.100 millones se destinan a ayudas directas al sector agrario. Sin embargo, ha lamentado que varias comarcas de la provincia hayan quedado fuera del listado de zonas beneficiarias de estas ayudas directas.
“Hay que reconocer que la respuesta del Ministerio ha sido rápida y que se ha puesto una cantidad importante de dinero sobre la mesa, pero no entendemos que haya agricultores que, teniendo los mismos daños que otros municipios cercanos, se queden fuera de las ayudas por una línea imaginaria que divide un término municipal de otro”, ha señalado.
El responsable de la federación ha precisado que las áreas excluidas abarcan las comarcas de los Montes, la Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar, además de otras zonas de Andalucía igualmente dejadas al margen del decreto. Ha subrayado que se trata de territorios especialmente frágiles, con menor renta agraria, que ya quedaron fuera de otras convocatorias de apoyo en crisis anteriores, como la sequía.
“Da la casualidad de que siempre son las zonas más desfavorecidas las que se quedan fuera. No lo entendemos y creemos que no está justificado”, ha afirmado. Según ha detallado Faeca Granada en una nota de prensa, 34 cooperativas radicadas en estas comarcas y sus socios se verían afectados por esta exclusión, lo que supone 17.600 agricultores y ganaderos.
Conforme a los datos que maneja la organización, estos profesionales declararon en el último ejercicio 222 millones de euros de renta agraria, lo que equivale a una media aproximada de 12.600 euros por agricultor. Si pudieran acogerse a las ayudas contempladas en el decreto, percibirían en torno al 30 por ciento de esa renta, es decir, una cuantía media cercana a 5.000 euros por productor.
“En términos globales, la provincia de Granada dejaría de percibir alrededor de 63 millones de euros, un dinero muy necesario para explotaciones que ya tienen rentas bajas y que han sufrido daños importantes”, ha subrayado Torres.
Por su parte, el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas, ha expuesto la situación concreta de las comarcas afectadas y ha mostrado varios mapas que reflejan con precisión la realidad socioeconómica de estos territorios. Según ha indicado, las zonas excluidas del decreto coinciden justamente con las comarcas con menor renta agraria y con un nivel más bajo de ayudas públicas en los últimos años.
“Los mapas muestran con claridad que las zonas excluidas no solo han sufrido daños, sino que además son las que históricamente tienen menos renta y menos apoyo público. Por eso entendemos que esta decisión es especialmente injusta y debe corregirse cuanto antes”, ha señalado Ródenas.
Desde la publicación del decreto, la federación ha hecho llegar su preocupación a distintas administraciones. Torres ha explicado que se han mantenido contactos con la Delegación del Gobierno en Andalucía, con la Junta y con el propio Ministerio de Agricultura, a cuyos responsables se ha pedido que revisen la delimitación de las zonas incluidas.
“El Ministerio nos ha trasladado que está valorando la situación y que estudiará si es posible ampliar el decreto o buscar algún mecanismo para corregir esta situación”, ha indicado. No obstante, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada ha avisado de que los agricultores y ganaderos empiezan a mostrar inquietud “ante la falta de una respuesta clara”.
Posibles movilizaciones en las comarcas afectadas
Ante este escenario, la federación ha convocado una reunión con los alcaldes de los municipios implicados y con representantes de las cooperativas de estas zonas para analizar el problema y valorar eventuales medidas de presión. “Estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero para territorios que dependen en gran medida de la agricultura. Si la agricultura va mal, al final afecta a todo el municipio, a su economía y a su población”, ha señalado Torres.
Por ello, ha insistido en que resulta inaceptable que agricultores con daños equiparables a los de otras áreas sí incluidas se queden sin respaldo institucional. “No vamos a admitir esta discriminación. Esperamos que el Ministerio corrija esta situación y que ningún agricultor ni ganadero de nuestra provincia se quede sin el apoyo que necesita”, ha concluido.